Fiscalización express: qué revisa ARCA para decidir quién puede quedarse en el Régimen de Ganancias Simplificado

Unos 80.000 contribuyentes adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias creado por la Ley 27.799. Muchos lo hicieron confiando en los beneficios como el efecto liberatorio, la presunción de exactitud y el llamado “tapón fiscal” que blinda períodos anteriores frente al fisco. Pero adherirse no garantiza quedarse, porque ARCA dio a conocer en la Instrucción General 3/2026 qué inconsistencias van a buscar en los contribuyentes, cómo deben responder quienes reciban una notificación y cuáles son las consecuencias de no hacerlo bien o a tiempo.

El régimen simplificado forma parte de una medida del Gobierno para regularizar situaciones, ya que permite exteriorizar fondos, simplificar la situación patrimonial y cerrar el pasado fiscal con una sola presentación.

Qué es el régimen y qué lo hace atractivo

El Régimen de Declaración Jurada Simplificada, vigente desde el período fiscal 2025, es una modalidad optativa para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina. Fue reglamentado por el Decreto 93/2026 y la Resolución General ARCA 5820/2026, publicados el 9 de febrero de 2026. En lugar de confeccionar manualmente la declaración jurada tradicional, el contribuyente accede a una declaración prearmada por ARCA con información de sus propias bases, la revisa, ajusta y presenta mediante el formulario F.2711 desde el portal “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado”.

Sus ventajas principales son tres.

1. Efecto liberatorio, que implica que la presentación en tiempo y forma con el pago correspondiente cierra la posibilidad de que ARCA fiscalice períodos anteriores no prescritos de Ganancias e IVA.
2. Presunción de exactitud sobre la declaración presentada.
3. Reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años para los contribuyentes que cumplen las condiciones.

Pero a diferencia del régimen general, que utiliza el F.711 tradicional, el simplificado tiene requisitos de acceso estrictos y una ventana de revisión que no se cierra al momento de la adhesión.

Qué mira ARCA para evaluar si un contribuyente puede quedarse en el Régimen Simplificado

Este es el punto central de la Instrucción General 3/2026. ARCA revisa los tres períodos fiscales inmediatos anteriores al año base. Para el período fiscal 2025, eso significa que el fisco analiza 2024, 2023 y 2022.

Los parámetros que controla son dos:

• el límite de ingresos totales;
• el límite de patrimonio total.

Ambos incluyen conceptos amplios. Los ingresos comprenden rentas gravadas, exentas y no gravadas, periódicas y eventuales. El patrimonio abarca bienes registrables, inmuebles, cuentas, inversiones, participaciones societarias y otros activos.

El control no se limita a lo que el contribuyente declaró. Según explicó a El Cronista Diego Fraga, abogado especializado en derecho tributario, socio de Expansion Business Argentina y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, ARCA cruza múltiples fuentes como: declaraciones juradas de otros impuestos, información bancaria, bienes registrables, consumos relevantes, regímenes informativos de terceros. “ARCA no mira solamente lo que el contribuyente puso en la declaración jurada simplificada”, advirtió.

El contribuyente también queda excluido automáticamente si califica como gran contribuyente nacional, independientemente de sus niveles de ingresos o patrimonio.

El problema de los “falsos positivos” en Régimen Simplificado

Uno de los riesgos más concretos que identifican los especialistas es el de las inconsistencias aparentes, es decir, aquellas situaciones en las que los cruces automáticos de ARCA arrojan una señal de alerta que no responde a un incumplimiento real.

Fraga enumeró los casos más frecuentes. Entre ellos están: datos duplicados en bases de información, movimientos bancarios que no constituyen ingresos gravados, reembolsos de capital, préstamos entre particulares, ventas de activos ya declarados, bienes mal valuados, información de terceros incompleta.

“Puede haber datos duplicados, movimientos bancarios que no son ganancias, reembolsos de capital, préstamos, ventas de activos, bienes mal valuados, información de terceros incompleta o inconsistencias meramente aparentes”, detalló. Y agregó una advertencia sobre el funcionamiento concreto del sistema: “La clave no es solo la norma. La clave es cómo actúe el área operativa. Si distingue correctamente entre un verdadero incumplimiento de los requisitos de acceso, una inconsistencia meramente explicable y una auténtica discrepancia significativa en Ganancias, el régimen puede funcionar. Si aplica cruces automáticos sin criterio, una herramienta pensada para simplificar puede convertirse en una fuente de conflictos”.

Cómo es el procedimiento y cómo funciona la notificación, el plazo y canal

Cuando ARCA detecta una inconsistencia, notifica al contribuyente en su Domicilio Fiscal Electrónico. Desde ese momento corre un plazo de 15 días hábiles administrativos para formular aclaraciones, rectificaciones o descargos. La presentación debe hacerse exclusivamente a través del servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Disconformidad sobre exclusión del Régimen de Declaración Jurada Simplificada – Ley 27799”.

La instrucción establece que si la presentación llega por un canal incorrecto, si el trámite seleccionado no es el adecuado o si la descripción no es clara y concordante con el tipo de trámite elegido, ARCA genera un rechazo inmediato.

Por eso, Fraga recomendó no apresurarse para ganar tiempo con una respuesta apresurada. “Conviene hacer una presentación breve, pero técnicamente ordenada, con tres partes: una explicación clara del error o de la interpretación incorrecta de ARCA, un cuadro de conciliación entre el dato observado y el dato correcto, y la documentación respaldatoria. El peor error sería tratar la notificación como una intimación rutinaria.”

Antes de que el contribuyente responda, la instrucción también obliga a las propias áreas de ARCA a hacer su trabajo. Las áreas locales deben solicitar al área central el detalle preciso de los parámetros incumplidos, el monto involucrado, el período fiscal y el procedimiento de cálculo que derivó en la detección de la inconsistencia. Si el contribuyente justifica su patrimonio por adhesión al blanqueo de la Ley 27.743, los agentes deben seguir los lineamientos específicos de la Instrucción General 1/2025 para corroborar los activos exteriorizados.

Qué documentación presentar según el tipo de observación

La norma exige acompañar documentación respaldatoria, pero no especifica cuál. El tipo de prueba útil depende del motivo concreto de la observación.

Si la inconsistencia está en los ingresos, el problema puede tornarse bastante complejo. La reglamentación considera ingresos totales en sentido amplio, lo que puede generar discusión sobre rescates de inversiones, ventas de bienes ya declarados, diferencias de cambio, donaciones o herencias. Fraga señaló que “la ley no prevé un mecanismo razonable” para muchos de esos conceptos, porque en varios casos no se trata de una ganancia real sino de un mero movimiento patrimonial. Todavía hace falta una aclaración oficial más precisa, ya sea a través de un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos o de una futura reglamentación.

Si la observación está en el patrimonio, la documentación debe probar titularidad, valuación y composición de los bienes. Si hay activos regularizados en el blanqueo, deben incluirse las constancias de adhesión, registración y pago de ese régimen.

“Lo más efectivo suele ser presentar una conciliación documental. De un lado, el dato que ARCA aparentemente computó; del otro, la explicación técnica y documental de por qué ese dato está mal interpretado, duplicado, mal valuado o no debería producir la consecuencia que ARCA pretende asignarle. La documentación efectiva no es la más abundante, sino la que permite explicar la naturaleza del movimiento o del bien observado.”

Las zonas grises que los contadores todavía están resolviendo

Más allá del procedimiento, hay puntos sustantivos de la normativa que generan dudas entre los especialistas y que cada contador hoy resuelve a su manera.

El primero es el tratamiento de Bienes Personales. El efecto liberatorio del régimen simplificado cubre Ganancias e IVA, pero no Bienes Personales. Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores y tributarista consultado por este medio, señaló que eso les “llamó la atención”. El problema práctico es cuando un contribuyente que exterioriza fondos en 2026 y los imputa a períodos anteriores para justificar, por ejemplo, la compra de un inmueble, podría quedar obligado a rectificar Bienes Personales de 2022, 2023, 2024 y 2025. Y esa rectificación puede, a su vez, afectar los parámetros de ingresos o patrimonio de los tres años que ARCA toma como referencia para evaluar la permanencia en el régimen simplificado.

“Dicho esto, yo debiera afectarlo a un período anterior a los tres que tengo que tomar para el período fiscal base. Entonces, en el caso de 2026, yo tendría que decir que esos fondos que exterioricé en el 26 no los tenía en el 25, en el 24, en el 23, sino que los tenía en el 22. Pero obviamente debo declarar Bienes Personales del 22, 23, 24 y 25. Eso no está previsto en la normativa y es algo que uno se va dando cuenta a partir de que va estudiando el tema”, explicó Rodríguez.

El segundo punto es qué pasa cuando un contribuyente ya adherido supera los límites durante el propio año de la declaración simplificada por una operación extraordinaria, como una venta de inmueble, una herencia o una liquidación de sociedad. La norma no lo contempla expresamente. Según Rodríguez, la respuesta técnica es que esa operación no afecta la declaración del período en curso, porque los parámetros se evalúan sobre los tres años anteriores. Pero sí puede impedir el acceso al régimen simplificado en el período siguiente.

Qué pasa si ARCA rechaza el descargo

Si el organismo no acepta las explicaciones del contribuyente y dicta el acto administrativo de exclusión, todavía quedan vías de defensa. Fraga apuntó que el recurso más adecuado en ese caso es el previsto en el artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.683, que opera como vía recursiva administrativa frente a actos para los que no existe un recurso especial previsto. Ese recurso debe atacar el acto en concreto: errores de hecho, errores de cálculo, mala interpretación de los requisitos, incorrecta valoración de la documentación presentada, falta de motivación o arbitrariedad. Si la vía administrativa no prospera, queda abierta la posibilidad de acudir a la Justicia.

El riesgo real de quedar afuera

Perder el régimen simplificado no es solo perder la comodidad de un formulario más simple. El impacto más profundo puede ser la reapertura del horizonte de fiscalización. La Ley 27.799 redujo a tres años el plazo de prescripción para los contribuyentes que cumplen las condiciones. Si quedan excluidos, puede volver a aplicar el plazo tradicional de cinco años.

El escenario más delicado que identificó Fraga es el del contribuyente que ingresó al régimen confiando en el efecto liberatorio y aprovechó para formalizar fondos o corregir su situación fiscal. “Si después queda excluido por una inconsistencia discutible, puede terminar expuesto a una fiscalización tradicional sobre períodos anteriores. Ese es el verdadero riesgo económico: no solo perder la simplificación, sino quedar obligado a explicar patrimonios, consumos, movimientos bancarios o fondos que creía cubiertos por el tapón fiscal del régimen, y con un horizonte de fiscalización que puede volver al plazo tradicional de prescripción", indicó.

Rodríguez fue más directo y dijo que “tiene muchas falencias que deberían aclararse, no solo por alguna instrucción formal del fisco ni un dictamen ni alguna instrucción interna, sino que todas las inconsistencias deberían salir de una ley o eventualmente de un decreto firmado por el presidente para dar mayor claridad y certeza al contribuyente”. “De otra manera, veo muy poco probable que masivamente los contribuyentes vayan a exteriorizar fondos porque no está orquestado de una manera sólida desde el punto de vista técnico y jurídico”, sostuvo.