En un documento con fuertes críticas, Juntos por el Cambio denunció los "atropellos" que el Gobierno nacional desplegó en su primer año de gestión para socavar la independencia del Poder Judicial, y rechazó las reformas impulsadas por figuras del gabinete, el mismo presidente Alberto Fernández, y también por sectores del kirchnerismo.
Las fundaciones Alem (perteneciente a la Unión Cívica Radical), Pensar (del PRO) y Hannah Arendt (de la Coalición Cívica ARI), suscribieron un informe titulado “Un año de atropello a la Justicia , con referencias mes a mes sobre las principales acciones desplegadas por funcionarios del Ejecutivo, y también desde el Congreso de la Nación.
Los think tanks de la coalición parlamentaria de oposición aseguraron que “el Gobierno decidió otorgar absoluta prioridad en su agenda a reformas de la Justicia en medio de una emergencia económica, sanitaria y social sin precedentes , y aseguró que el conjunto de medidas adoptadas en el ámbito judicial llevó a un "debilitamiento de las instituciones y la división de poderes, establecida en la forma de gobierno republicana de la Argentina .
Entre las principales críticas veladas hacia la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Felix Crous, o la misma vicepresidenta Cristina Kirchner, los centros de estudios cambiemitas señalan la eliminación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados; la intervención federal de la Justicia de Jujuy, la solicitud de prisión domiciliaria para Lázaro Báez y su hijo Martín, a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.
A su vez, los think tanks criticaron la modificación en abril de la ley de Jubilación de Magistrados, lo que provocó la renuncia de decenas de jueces; las críticas a magistrados y fiscales señalados por haber participado de maniobras de persecución política (lawfare) contra funcionarios kirchneristas, y el giro de la Oficina Anticorrupción, renunciando a las querellas que tenía en diversas causas de corrupción.
Juntos por el Cambio, a través de estos entes, fustigó el proyecto de reforma judicial del fuero penal federal de la Capital y de las provincias, por entender que "obstaculiza la implementación del sistema acusatorio (de funcionamiento exitoso en Salta y Jujuy), carece de toda base empírica, tiene un costo altísimo e irrazonable, y resulta inconstitucional al contrariar la doctrina de la Corte Suprema respecto de los jueces subrogantes".
Asimismo, atacaron la creación de un Consejo Consultivo para realizar propuestas de cambios a la Justicia, la avanzada contra los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; el inicio del juicio político contra el procurador general interino, Eduardo Casal; la media sanción el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que implicaría "un claro avance sobre la autonomía del Ministerio Público a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control", que al entender de los autores, "debilitará al Ministerio Publico Fiscal en general y a los fiscales en particular".
El documento sostiene que las propuestas de reforma no son las que necesitan los ciudadanos que acuden a los tribunales", y agregan que "se puede ver con claridad que estos proyectos no buscan ampliar el acceso a la justicia, mejorar el funcionamiento de los tribunales para reducir los plazos, ni transparentar la administración de justicia .