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Una de cada siete pymes industriales recibió embargos por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —la mitad de ellas por atraso en el pago de una obligación corriente—, con notificaciones que llegaron, en la mayoría de los casos, dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la obligación.
Así lo informó el Observatorio Pyme en su último informe de coyuntura correspondiente al tercer trimestre de 2026. En términos prácticos, tener una cuenta embargada puede paralizar la actividad de una empresa, al impedir el pago de salarios y otras operaciones, entre otras cuestiones, y profundizar su delicada situación financiera.
El proceso de una ejecución fiscal comienza cuando el organismo expide una boleta de deuda en la que identifica los conceptos que reclama —tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y multas—. Una vez iniciado el juicio, el abogado del fisco notifica al contribuyente mediante un mandamiento de intimación de pago, en el que se individualiza la deuda reclamada y se otorga un plazo de cinco días hábiles para oponer las defensas que considere necesarias.
Si el contribuyente no paga o no logra una alternativa para regularizar la deuda, ARCA puede avanzar con el embargo de sus cuentas. Precisamente, el Observatorio Pyme reveló que el principal motivo detrás de las medidas cautelares o ejecuciones fiscales de ARCA son las obligaciones corrientes impagas, como IVA, Ganancias y aportes, que explican el 48% de los casos.
En segundo lugar aparecen las empresas que incumplieron un plan de facilidades de pago, que representan el 35%. El resto se distribuye entre otros motivos (11%) —entre los que se incluyen anticipos de Ganancias, obligaciones aduaneras y multas— y casos en los que no se pudo determinar el origen de la deuda (6%).
“Esto ocurre en un escenario donde para la mitad de las industrias pyme se alargaron los plazos de cobro de los clientes. Los plazos se estiraron a 49 días promedio, 10 más que en 2025”, señaló la organización.
La situación se vuelve más compleja para las empresas con dificultades financieras. “En otras oportunidades se tomaron medidas atenuantes, como la suspensión de ejecuciones o de medidas cautelares. También hubo un período en que existía una instrucción de esperar un plazo estipulado antes de ejecutar. Hoy puede ocurrir que una deuda que venció el día 26 se ejecute el día 29. Incluso puede haber diversificación de ejecuciones: si se adeudan tres conceptos, pueden iniciarse tres ejecuciones distintas”, explicó la contadora Miriam Roldán.
Ante este panorama, la Unión Industrial Argentina (UIA) ya había solicitado a ARCA la suspensión de embargos por 180 días, la posibilidad de migrar entre planes de pago y una reducción de la tasa de financiación para las pymes, entre otras medidas.
El escenario podría agravarse dado que este viernes 30 de octubre finaliza el último plan de facilidades de pago habilitado por el organismo recaudador. La iniciativa está destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas (Tramos 1 y 2), entre otros grupos de contribuyentes.
El plan permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y establece hasta 18 cuotas para las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, desde un comienzo, el principal punto cuestionado fue la tasa de financiación mensual del 2,75%, que se ubica por encima de los últimos registros de inflación.
“Se podrían establecer plazos de aviso más amplios antes de ejecutar una medida, ofrecer planes de pago de hasta 36 cuotas, evitar embargos simultáneos sobre todas las cuentas bancarias de una empresa y garantizar mecanismos ágiles para levantar las medidas una vez regularizada la deuda”, sugirió la contadora Elisabet Piacentini.
Contexto de las pymes industriales
Otro de los aspectos abordados por el Observatorio Pyme fue la evolución de la actividad. Durante el tercer trimestre de 2026, la producción cayó 11,9% interanual, mientras que el empleo retrocedió 5,6%. Ambos indicadores acumularon así 14 trimestres consecutivos de bajas interanuales.
A esto se suma que la debilidad de la demanda se mantuvo como el principal problema para ocho de cada diez empresas, por tercer trimestre consecutivo. Le siguieron la suba de los costos de las materias primas, los retrasos en los pagos de los clientes, los costos salariales y la competencia importada.
Entre estos factores, los costos laborales fueron los que más aumentaron su incidencia: pasaron del 45% al 56% de las respuestas entre el segundo y el tercer trimestre, una suba de 11 puntos porcentuales