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El Gobierno consiguió este miércoles avanzar en el Senado con el proyecto de una nueva Ley de Discapacidad. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano firmó el dictamen de mayoría sobre la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y que busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente de financiamiento y prestaciones.
El despacho reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. De esta manera, el oficialismo logró trasladar a la Cámara alta el consenso que había conseguido en Diputados, donde el proyecto se aprobó en octubre con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
La intención del oficialismo es llevar el texto al recinto el próximo 19 de noviembre y convertirlo en ley antes de que termine el período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.
El debate se desarrolló en un plenario encabezado por Agustín Monteverde, presidente de Presupuesto y Hacienda, y Alicia Kirchner, titular de Población y Desarrollo Humano.
Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, mantiene los principales derechos que había establecido la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos, conserva las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y ratifica la compatibilidad de ese beneficio con el empleo registrado y el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
También mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para acceder a la prestación y garantiza la cobertura médica para los titulares de las pensiones a través de Incluir Salud o del programa que lo reemplace.
En materia de prestaciones, el proyecto ratifica la actualización de los aranceles según la inflación y conserva el nomenclador único y el arancel unificado para el sistema. De esta manera, evita que los valores queden sujetos a acuerdos individuales entre prestadores y financiadores, uno de los cambios que había generado mayor resistencia cuando el Poder Ejecutivo presentó el Presupuesto 2027.
El texto también incorpora garantías presupuestarias. Establece que el Ministerio de Salud deberá contar con partidas específicas para financiar el sistema y que, si esos recursos resultan insuficientes, se podrá recurrir a compensaciones con fondos del Tesoro. Además, fija que el ingreso por beneficiario no podrá perder poder adquisitivo en términos reales respecto del ejercicio anterior.
Para los prestadores, la iniciativa contempla un cronograma de cancelación de las deudas pendientes. El Poder Ejecutivo deberá publicarlo dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y completar los pagos en un plazo de 90 días, según las condiciones establecidas en el texto.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La nueva norma también establece un sistema de auditorías periódicas para controlar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las pensiones. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
La Ley de Discapacidad ya tiene dictamen en el Senado. Los discapacitados y sus familias necesitan respuestas concretas: poder acceder a una pensión, que trabajar no sea incompatible con recibirla y contar con prestaciones actualizadas. Esta no es una ley de emergencia permanente que se utiliza políticamente todos los años. Es transparencia, previsibilidad y estabilidad.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 4, 2026
Ante la detección de un posible incumplimiento, el procedimiento deberá contemplar la notificación a la persona beneficiaria y la posibilidad de presentar un descargo. La suspensión preventiva no podrá aplicarse sin respetar ese proceso, y el texto prevé mecanismos para solicitar la rehabilitación provisoria del beneficio mientras se resuelve cada situación.
El acuerdo que destrabó la negociación
El dictamen en el Senado representa un nuevo paso en una negociación que había comenzado con fuertes diferencias entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios. El conflicto se profundizó en septiembre, cuando el proyecto de Presupuesto 2027 incorporó modificaciones que eliminaban garantías centrales de la ley de emergencia, entre ellas la actualización automática de los aranceles y la compatibilidad entre las pensiones y el empleo formal.
La iniciativa presupuestaria también endurecía las condiciones de acceso a las prestaciones y modificaba el esquema de financiamiento.
Los cambios sorprendieron incluso a Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado y miembro de la Mesa Política del Gobierno, quien cuestionó públicamente que esas disposiciones no hubieran sido discutidas previamente.
La tensión obligó al oficialismo a retomar las conversaciones con los bloques dialoguistas y aceptar modificaciones al proyecto que finalmente se aprobó en Diputados. El acuerdo incorporó garantías de financiamiento, preservó la actualización de los aranceles y mantuvo la posibilidad de cobrar una pensión junto con un ingreso laboral dentro del límite establecido.
En el debate de este miércoles, Alicia Kirchner defendió la necesidad de acelerar el tratamiento para evitar que el vencimiento de la emergencia deje al sector sin un marco legal que garantice la continuidad de las prestaciones. Carlos Linares, por su parte, retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y reconoció que el texto consensuado era “lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”.
El debate en el Senado también expuso diferencias dentro del peronismo. La senadora Alejandra Vigo reclamó modificaciones al proyecto, mientras que otros legisladores plantearon la necesidad de avanzar con la sanción para despejar la incertidumbre que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores.