El Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Glaciares. El presidente Javier Milei anticipó que buscarán que las provincias determinen qué definen como zona periglaciar. El cambio es parte del paquete que pidió Washington DC en sus negociaciones y uno de los promotores de la modificación es la Cámara de comercio de los EE.UU.
“Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales”, dijo el mandatario.
Fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que el proyecto se analiza dentro del Consejo de Mayo, espacio integrado por los gobernadores (representados por Cornejo), sindicatos, empresarios, senadores y diputados junto al oficialismo.
Además, estiman que el texto final se conocerá el 15 de diciembre, fecha en la que también se estima que entren al Congreso las reformas laboral y tributaria. Trabajan hasta entonces para recolectar los apoyos necesarios para el proyecto.
Con este impulso, el Gobierno envía un nuevo guiño a los gobernadores de recepción de sus planteos. El anuncio se dio en la misma semana en la que el Gobierno selló que avanzará en una baja de retenciones para la producción petrolera convencional, agenda impulsada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
Desde el sector privado confían en que la ley estará ya reformada y con aprobación de las cámaras hacia abril. La fecha es fundamental, ya que desde entonces quedarían pocos meses para la adhesión de las empresas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El principal desafío se plantea para las futuras explotaciones de cobre que, en su mayoría, se proyectan en zonas cordilleranas o sus alrededores.
En este sentido, esperan que en inversiones por los 6 proyectos que se conocen en cobre ingresen en los próximos años hasta u$s 35.000 millones, que hasta 2032 se traducirán en exportaciones adicionales del sector por u$s 12.000 millones. Si no se avanzara en la ley, estiman que el 75% de las inversiones revisarían su decisión.
Sin embargo, el planteo es transversal a la industria minera. Ignacio Celorrio, CEO de Lithium Argentina, planteó que la ley vigente es “extremadamente imprecisa en sus alcances”.
“Extiende la protección al ‘ambiente periglaciar’ sin que se comprenda cabalmente qué áreas son ‘periglaciares’ y la razón por la cual precisan de una protección particular”, explicó el empresario.
Celorrio sostiene que la ley fue motivada para “impedir el desarrollo minero, independientemente de si había una razón objetiva o científica de protección” y que la “imprecisión de los ámbitos de protección hacen muy difícil decidir inversiones significativas en desarrollo minero por el riesgo que la aplicación extensiva de la ley pudiera importar”.
También planteó que la ley vulnera competencias provinciales que están atribuidas en la Constitución en materia ambiental desde el punto de vista normativo como de autoridad de aplicación, “excediendo los presupuestos mínimos a los que tiene competencia la Nación”.
Para Celorrio, la competencia debería volcarse a analizar si se necesita protección particular en las zonas periglaciares desde un punto de vista técnico, y si va a definir claramente qué entiende como zona periglaciar para evitar que la definición se traduzca en una prohibición general.
“La facultad administrativa es de las provincias. La ley puede definir áreas de protección, pero siempre que lo precisen. Es muy probable que no haya razones objetivas para proteger áreas periglaciares”, concluyó el empresario.
El licenciado en gestión ambiental y experto en sustentabilidad minera, Leonardo Pfluger, planteó que el objetivo de lo anunciado por Milei sería permitir que las provincias puedan precisar el alcance de las áreas periglaciales, para evitar conflictos con áreas con potencial para la producción de minerales críticos para la transición energética.
Desde su perspectiva, hay alternativas más eficaces para abordar esta situación y permitir el desarrollo de inversiones, ya que consideró que esta opción “puede dar lugar a amparos contra la modificación de la norma y contra las medidas de implementación que tomen las provincias. La ley hay que modificarla, no me cabe duda, pero hay mejores formas de alcanzar ese objetivo”.
La ley vigente tiene fallas, agregó, porque vulnera arbitrariamente el desarrollo del potencial minero del país. Pero marcó que la modificación que se proponga tiene que basarse en un criterio defendible y coherente en todo el territorio nacional, para que no genere un riesgo de regresión ambiental.
Además, sostuvo que la definición de ambiente periglacial es “difusa”, pero que “si la cambian de forma tal que las provincias puedan, selectivamente en función de un potencial productivo, decidir si sacan o no algo del inventario, podría desvirtuarse el concepto de estándar mínimo y pasar a ser un criterio provincia por provincia, algo que no es coherente con el concepto de presupuesto mínimo de protección ambiental, ni con lo que se hace en otros países”.
Entre las alternativas que vislumbra se encuentra una reforma, pero que debería atravesar un proceso participativo para dar cumplimiento al acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió en 2020 y busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisión ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
“Si se quiere modificar la ley de glaciares para que no sea tan adversa a la minería, también se tiene que hacer por ley, pero el enfoque tiene que ser otro”, concluyó Pfluger.