El Gobierno anunció que va a convocar a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026, el nuevo Código Penal y las reformas estructurales que trabajan en el Consejo de Mayo, pero además resurgirá una vieja iniciativa que impulsó el Ministerio de Economía y nunca se trató: el proyecto para “blindar” a nivel parlamentario el plan para sacar los dólares de la informalidad.
El anuncio con bombos y platillos fue en mayo después de las elecciones porteñas. Consistió en lo que en el Gobierno denominaron como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”. La primera fase refirió al Régimen Simplificado de Ganancias, el aumento de los umbrales para informar operaciones y la derogación de regímenes informativos en coordinación entre Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Si bien el convenio consiguió adhesiones de 17 provincias, muchos bancos hicieron caso omiso a las directrices del Gobierno y siguieron solicitando la declaración jurada del origen de los fondos a sus clientes con formularios “voluntarios”, un hecho denunciado en redes sociales y recriminado por el propio titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien procedió a incentivar a que los contribuyentes se nieguen a presentar la documentación.
Parte de la razón por la que el plan no prosperó como esperaban es que la fase II debía pasar por el Congreso: el proyecto fue presentado en junio bajo el nombre de “Principio de Inocencia Fiscal” y proponía modificaciones en la Ley Penal Cambiaria y de Procedimiento Fiscal para brindarle seguridad jurídica a las medidas. “Es para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente perseguir y revisar el pasado de gente que se adhirió al sistema”, explicó el ministro.
Entre los puntos principales propone elevar los montos de lo que consideran evasión fiscal y el piso de años de prescripción de los delitos. Con este incentivo esperan un incremento en la recaudación, uno de los objetivos clave del Gobierno Nacional y las provincias: según un informe reciente del INDEC, la cantidad de dólares que hay “debajo del colchón” alcanza a u$s 250.000 millones.
“El Congreso tiene que encontrar una herramienta que permita que ese dinero vuelva al consumo, que la gente pueda comprarse un auto, un departamento, una bicicleta, una moto o un televisor, lo que quiera, sin que nadie le pregunte el origen de esos fondos, porque ese es el problema que tenemos hoy”, defendió hace poco el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, en declaraciones radiales.
El presidente de Diputados, Martín Menem, tras varios intentos frustrados de convocar a las comisiones para dictaminar el proyecto, le tuvo que advertir a “Toto” Caputo que no iban a poder imponerlo en la agenda. En ese momento, la Cámara baja estaba cocinando los proyectos de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica: la avanzada opositora no permitió que el oficialismo trate su iniciativa pese a que aseguraban tener consenso incluso entre diputados opositores.
De hecho, Diputados coló un viejo proyecto similar impulsado por Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) en una sesión opositora y lo aprobó, con apoyo simbólico de LLA, pero jamás trascendió en el Senado. Esa propuesta era menos ambiciosa y se limitaba modificar el Régimen Penal Tributario.
Las comisiones que estarán a cargo de tratar el proyecto son la de Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal y Legislación General. Actualmente todas están presididas por diputados del oficialismo y la idea es eso se mantenga. La primera la dirigía José Luis Espert -una de las caras del proyecto a la hora de su presentación- pero en su reemplazo asumió Alberto “Bertie” Benegas Lynch; la segunda Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO que se pasó a LLA por orden de Patricia Bullrich; y la tercera Santiago Santurio, diputado e integrante de ´Las Fuerzas del Cielo’.
El plan del oficialismo, según pudo saber El Cronista, es que durante el pequeño margen de extraordinarias que pedirá el Ejecutivo en las últimas semanas de diciembre se dictamine y apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal, que irá de la mano con el tratamiento del Presupuesto 2026, el cual deberá volver a pasar por comisión.
Con el aval de los múltiples gobernadores que se mostraron predispuestos a la iniciativa sumado al músculo político que tendrá el Gobierno después del recambio legislativo se espera que el proyecto no tenga mayores impedimentos a la hora de tratarse. De todos modos, las eventuales modificaciones se las resguardan para cuando se trabaje en comisión.