En febrero de 2013, cuando el Congreso aprobó en las dos cámaras el memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, pocos imaginaban que la puesta en marcha de dicha ley se iba a empantanar tanto tiempo en la justicia federal. Tras una presentación judicial realizada por AMIA y DAIA, y en línea con el dictamen de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, el juez Canicoba Corral dictaminó la constitucionalidad del acuerdo, aunque en mayo del año pasado la sala I de la Cámara Federal hizo lugar al amparo interpuesto y revocó el fallo de primera instancia, suspendiendo el acuerdo. Según la sentencia de los camaristas, el memorándum avanza sobre la división de poderes al inmiscuirse en la competencia del Poder Judicial sin tener en cuenta a las víctimas. La Cámara, también, ordenó reiterar la solicitud de extradición de los acusados iraníes para realizar las detenciones. La causa se encuentra actualmente a la espera de una resolución de la sala I de la Cámara de Casación Penal. El fiscal Raúl Plee solicitó que se confirme el fallo de la Cámara Federal, aunque su dictamen es no vinculante. Se presume que Casación tomará el caso tras la feria judicial, posiblemente en marzo. No obstante, fuentes judiciales aseguran que el caso terminará en la Corte Suprema de Justicia. Incluso el fiscal Nisman, quien ayer denunció a la Presidenta y al canciller Timerman por encubrir a Irán, aseguró hace tiempo que ese será el destino del expediente. Desde la Corte dijeron que existen algunos apartados vinculados a la causa AMIA que se encuentran pendientes de resolución, pero evitaron referirse a cuándo llegará la causa a su órbita. El máximo tribunal atraviesa un período de recambio tras la salida del juez Eugenio Zaffaroni y los fallecimientos de sus colegas Enrique Petracchi y Carmen Argibay. En la actualidad, sólo hay cuatro ministros y se espera que el Gobierno proponga un candidato para suplir la vacante que dejó Zaffaroni. Lo debería hacer antes del 12 de febrero, cuando se cumplan 30 días hábiles de la salida del juez.