El Gobierno ya comenzó a mover las fichas en torno de la intervención de la agroexportadora Vicentin -con una deuda de u$s 1350 millones- que, como anunció el lunes pasado el presidente Alberto Fernández, también sería expropiada en caso de que se apruebe el proyecto de ley que aún debe ingresar al Congreso.
El martes por la tarde, Luciano Zarich, futuro subinterventor de Vicentin, se presentó en el juzgado Civil y Comercial de Reconquista, y formalizó la notificación sobre la intervención de la empresa.
Luego se dirigieron al edificio central de Vicentin, aunque no pudieron entrar ya que se encontraban las puertas cerradas, y nunca recibieron el visto bueno para ingresar, según algunas fuentes por orden de los accionistas.
Ahora habrá que ver cómo sigue la situación en los próximos días, ya que el objetivo es estudiar los números de la compañía. La nueva operación estará a cargo de Gabriel Delgado, a través de YPF Agro, y a nivel gubernamental la tarea será liderada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
El Gobierno tiene tres grandes objetivos que quiere cumplir con esta intervención.
- El primero es garantizar la paz social y la estabilidad laboral, aspecto sobre el que desde hace ya varios días se viene trabajando. Y ayer, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina salió en apoyo de la intervención de Vicentin.
"Esta intervención debe ser un caso testigo en esta coyuntura de crisis, y la actuación decidida del Estado en protección de puestos de trabajo no debe limitarse sólo a las empresas que quiebran en la presente etapa, sino también incluir la recuperación de la capacidad productiva ociosa de las que han quedado en el camino en los cuatro años del macrismo", consideró el gremio de los aceiteros.
- Otro de los puntos clave es la recuperación y pago de deudas a productores del interior. Las conversaciones en este sentido arrancan en breve, y con eso tiene que ver también el pie que puso una comitiva de abogados en la central de Vicentin.
- El tercer objetivo es la renegociación con los bancos acreedores, entre los que se destaca el Banco Nación, que busca cobrar más de $ 18 mil millones, y el Banco Provincia, con $ 1814 millones. Se estima que el 23% de la deuda financiera de la empresa está en manos de la banca nacional.
Se estima que con todos deberá comenzar un proceso de renegociación, algo que Vicentin intentó en algunas oportunidades, aunque sin éxito.
Mientras tanto, en la compañía los abogados también pusieron su maquinaria en marcha. En el comunicado difundido el mismo lunes por la noche, la empresa dejó entrever que no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados.
"Estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas", sostuvo la firma santafesina, a lo que agregó que "reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas".
Esto, según anticiparon las fuentes a El Cronista, se traducirá en breve en una presentación judicial con la intención de poner un freno a las aspiraciones oficiales o, al menos, poder conocer con mayor profundidad qué empresas del grupo abarca la intervención y la eventual posterior expropiación.