A través de una Resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno endureció los requisitos para la tecnología china en el sector de telecomunicaciones. El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estableció un requisito de ciberseguridad para los equipos de telecomunicaciones que utiliza el sector público y pidió al ENACOM que evalúe extenderlo al sector privado.
Si el regulador avanza en esa dirección, los fabricantes deberán cumplir con un estándar que, entre otras condiciones, impide certificar a empresas incluidas en determinadas listas de restricciones de Estados Unidos, como Huawei.
Se trata de la incorporación del estándar SCS 9001, desarrollado por la Telecommunications Industry Association (TIA), como parte de los requisitos para los equipos destinados a determinadas infraestructuras críticas del Estado.
Por ahora, la exigencia alcanza al sector público y ARSAT. Pero si ENACOM la incorpora al régimen de homologación, podría convertirse en una condición para que los equipos de telecomunicaciones puedan comercializarse y utilizarse en la Argentina.
La Argentina no sería el primer país de la región en utilizar el SCS 9001 como requisito para equipamiento de telecomunicaciones. Paraguay y Costa Rica también lo incorporaron en sus regulaciones vinculadas al despliegue de redes 5G, aunque el esquema generó cuestionamientos y controversias en ambos casos.
El filtro a los fabricantes
El SCS 9001 fue desarrollado por la TIA, una asociación privada estadounidense, y su política de certificación establece que determinadas empresas incluidas en listas de restricciones del Gobierno de Estados Unidos no pueden obtener el certificado.
Entre ellas están las compañías alcanzadas por la Covered List de la FCC y la Entity List. De esta manera, el requisito puede tener un impacto particular sobre fabricantes chinos como Huawei y ZTE, que hoy tienen una presencia importante en el mercado argentino.
Qué puede cambiar
Si el requisito pasa a formar parte de la homologación, podría también alcanzar a los equipos que utilizan operadores, cooperativas y pymes de internet, además de dispositivos y sistemas conectados a redes de telecomunicaciones.
La discusión central queda ahora en manos de ENACOM, que deberá definir si los requisitos se mantienen como una exigencia para las redes estatales o pasan a ser un nuevo filtro de entrada para los fabricantes de tecnología que quieran vender sus equipos en la Argentina.