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El oficialismo impulsa un proyecto de ley en el Senado para crear un régimen excepcional que permita regularizar y cerrar contratos de obra pública nacional paralizados, neutralizados o sin recepción definitiva. En medio de la disputa que arrancó en diciembre de 2023 con provincias y municipios sobre esta cuestión, la iniciativa apuesta a reducir litigios contra el Estado y ordenar administrativamente expedientes que, en algunos casos, permanecen abiertos desde hace años, para cerrar posibles frentes de conflicto para el Estado nacional.
El proyecto de ley que ya se encuentra en la Cámara alta es impulsado por el senador nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Enzo Fullone, uno de los legisladores de buen acceso a Casa Rosada. Propone habilitar un mecanismo especial para evaluar, renegociar y cerrar contratos de obras públicas que lleven al menos tres años paralizados. El texto apunta especialmente al universo de obras viales nacionales inconclusas o con problemas administrativos que impiden su cierre formal.
Según el texto al que pudo acceder El Cronista, el objetivo es “sanear la situación contractual, mitigar riesgos para la seguridad vial, eliminar pasivos contingentes y optimizar la gestión de la infraestructura y el patrimonio público”.
La propuesta parte de un diagnóstico concreto: existen contratos que continúan abiertos administrativamente aun cuando las obras estén terminadas, en uso o ejecutadas hace varios años. A la vez, existen otros proyectos que nunca terminaron de concretar por diversos motivos.
En los fundamentos, Fullone sostiene que el problema no se limita a obras paralizadas sino también a “un universo aún más complejo y menos visible, que es el de los contratos que permanecen abiertos administrativamente”. En sus fundamentos, el senador señala que, en muchos casos, nunca se completa el proceso de recepción definitiva, última instancia administrativa necesaria para cerrar formalmente una obra pública.
Qué facultades le daría al Ejecutivo
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley de Obras Públicas, a evaluar y regularizar contratos alcanzados por el régimen. Para eso, habilita la creación de acuerdos de regularización entre el Estado y las empresas contratistas.
La autoridad de aplicación será definida posteriormente por el Ejecutivo, aunque el texto aclara que cada organismo comitente mantendrá funciones técnicas y administrativas para analizar contratos y elaborar informes específicos.
La iniciativa establece que cada obra deberá ser evaluada mediante un informe técnico que contemple:
- el avance físico y financiero;
- el tiempo de paralización;
- las causas de neutralización;
- la conveniencia pública;
- y la posibilidad de continuar mediante otros mecanismos contractuales.
En este sentido, uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un esquema de transacción administrativa para cerrar conflictos abiertos entre el Estado y las empresas.
Entre las herramientas previstas aparece la posibilidad de rescindir contratos “de mutuo acuerdo”, evitando sanciones administrativas y exclusiones del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, siempre que no exista “dolo o culpa grave comprobada”. También habilita a la condonación de multas y penalidades; liberación de garantías; devolución de pólizas y reconocimiento de gastos de mantenimiento, acopios o vigilancia mediante sumas fijas de cierre.
A cambio, las empresas deberán renunciar expresamente a reclamos por lucro cesante sobre la parte no ejecutada de las obras. Además, los acuerdos tendrán “carácter de resolución definitiva y cierre administrativo total”, incluyendo renuncia recíproca a futuras acciones judiciales o administrativas derivadas de la paralización de la obra.
Ese punto muestra uno de los objetivos implícitos más relevantes de la iniciativa: reducir contingencias judiciales y evitar futuras demandas económicas contra el Estado.
El diagnóstico sobre Vialidad y las obras inconclusas
Los fundamentos del proyecto están fuertemente apoyados en la experiencia del autor como ex jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional en Río Negro. Fullone sostiene, en este sentido, que las dificultades actuales responden a una combinación de:
- falta de financiamiento;
- problemas documentales;
- ausencia de inspectores o empresas;
- y exigencias técnicas que se vuelven difíciles de cumplir con el paso del tiempo.
“En la práctica, este circuito muchas veces no logra completarse”, señala el texto sobre el proceso de cierre administrativo de las obras públicas.
El senador agrega que las restricciones presupuestarias también impidieron durante años realizar mediciones técnicas o mantener equipamiento necesario para las verificaciones finales.
Como ejemplo, menciona el caso de Río Negro y afirma que existen al menos 57 obras públicas nacionalizadas en estado de neutralización. Entre ellas, tramos de las rutas nacionales 22, 23 y 151 iniciados entre 2009 y 2021 que permanecen inconclusos o paralizados.
Cuánto tiempo duraría el régimen
El régimen excepcional tendría una vigencia de 24 meses desde su reglamentación. Además, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días posteriores a su entrada en vigencia.
Aunque la iniciativa se presenta como una herramienta de saneamiento administrativo y contractual, su lógica va más allá de la reactivación de obras. El foco principal está puesto en cerrar expedientes abiertos, ordenar pasivos acumulados y destrabar conflictos heredados que, según los fundamentos, afectan la gestión de infraestructura y el patrimonio público.