El Gobierno cierra una obra social y amplía el número de entidades en la mira

En el marco de las auditorías que lleva adelante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno dio un paso más y resolvió el cierre de una de las entidades en la mira. A la vez, mediante nuevas resoluciones públicas en el Boletín Oficial se amplió en los últimos días el número de entidades en la mira por irregularidades que podrían conducir a su liquidación. Estas decisiones surgen del proceso de relevamiento que realiza el organismo que dirige Gabriel Oriolo, como parte del control a los agentes del seguro de salud a nivel nacional. Mediante la Resolución 1021/2025, fechada el jueves 13 de junio pasado pero publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo estableció el cierre de la primera obra social en la gestión de Javier Milei. De esta forma, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de laObra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAd), bajo la premisa de que nunca llegó a tener beneficiarios ni a brindar prestaciones desde su creación, de acuerdo a los fundamentos consignados. Asimismo, designó al Consejo Directivo de la obra social como comisión liquidadora del proceso de disolución, bajo la supervisión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación. Según los fundamentos de la medida, OSPAd fue inscripta en 2017 como agente del seguro de salud con alcance nacional y representación del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara). Sin embargo, en todo ese tiempo no incorporó afiliados ni desarrolló actividad alguna pese a estar operativa durante siete años. Así lo señalaron diferentes áreas de la SSS, como la Gerencia de Sistemas de Información, la Gerencia de Control Económico Financiero y la Coordinación de Sumarios de Asuntos Jurídicos. También se constató que no posee deudas ni sanciones pendientes. "El Agente del Seguro de Salud no posee población beneficiaria alguna", indicó la SSS en el expediente EX-2024-139330703-APN-GG#SSS, mientras que las auditorías efectuadas también confirmaron "la inexistencia de actividad desde su inscripción". En base a estos elementos, el Comité de Crisis resolvió el pasado 6 de junio -según consta en el Acta N°6- iniciar el proceso de disolución y liquidación, en los términos previstos por los artículos 33 y 34 del Estatuto de la entidad. En su articulado, la resolución encomienda al Consejo Directivo -cuyos integrantes tienen mandato vigente hasta 2027- llevar adelante el procedimiento de cierre administrativo y, en caso de corresponder, avanzar con acciones judiciales para solicitar la quiebra, bajo las condiciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522. La supervisión del proceso quedará a cargo del Comité creado por la Resolución N° 102/2025, mientras que se notificará a los registros pertinentes, incluida la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El documento que regula si una obra social o prepaga se encuentra en crisis se rige principalmente por el Decreto Nº 1400/2001, que en su Capítulo IV y los anexos determinan que la evaluación se rige en base a un factor de criticidad. Cuando la ecuación le da a la entidad un valor superior al límite fijado entonces se considera que el agente de salud se encuentra en un estado crítico y, por ende, sujeta a ser liquidada. En rigor, los cuatro criterios evaluados son el grado de cumplimiento de aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario; la integridad económico-financiera de la entidad; su capacidad de repago y, ligado a ello, la dependencia de subsidios financieros por parte del agente de salud. El proceso de evaluación es llevado a cabo y ratificado por un Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, creado por la Resolución Nº 102/2025-SSSALUD para implementar las disposiciones del Decreto Nº 1400/2001. En ese marco, las evaluaciones que derivaron en estas declaraciones de crisis corresponden al primer trimestre de 2025. En solo 48 horas la semana pasada, la causa principal para la declaración de crisis en las primeras ocho obras sociales de las cuales dio cuenta El Cronista radicó en que presentaron un factor de criticidad superior al valor límite que fija una escala de ponderación de diversas variables. Los informes técnicos citados en las resoluciones detallan, en concreto, los requisitos específicos que no fueron cumplidos por cada entidad. Dentro de la primera tanda de resoluciones, se apuntaron la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Resolución 939/2025), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (Resolución 940/2025), la Obra Social de Volkswagen Argentina S.A. (Resolución 941/2025) y la Obra Social de FEDECÁMARAS (Resolución 942/2025). A esa primera tanda, le siguió una segunda, con un día de diferencia, en las que figuraron la Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (Resolución 945/2025), la Obra Social de Peones de Taxis de Rosario (Resolución 946/2025), la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Resolución 947/2025) y la Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza (Resolución 948/2025). Con matices, las ocho entidades mostraron incumplimientos significativos en la presentación de documentación clave, se ala entrega de la Memoria y Estados Contables, el Presupuesto de Gastos y Recursos y los Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación Financiera Corriente u otras falencias de tipo prestacional como la falta del Programa Médico Asistencial, la Cartilla para beneficiarios, los Contratos de Prestaciones de Salud, las Estadísticas de Prestaciones Médicas y la información sobre Autoridades. En algunos casos, la Gerencia de Sistemas de la Información señaló además el faltante en la presentación del Padrón actualizado de beneficiarios. Acorde a las medidas previstas en el artículo 20 y el ANEXO III del Decreto Nº 1400/2001, el Plan de Contingencia debe incluir, como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral basadas en los indicadores de los Criterios Números 1, 2 y 3, así como un conjunto de acciones concretas para su implementación. Con fecha del viernes pasado, la Superintendencia de Servicios de Salud sumó una nueva obra social al listado de agentes en crisis por las irregularidades detectadas. Se trata de la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (Resolución 1022/2025) por incumplir aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario. En el documento resolutivo se enumera además la ausencia de Memoria y Estados Contables, Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación financiera Corriente, la presentación del Programa Médico Asistencial y los Contratos de Prestaciones de Salud. También se menciona su dependencia de subsidios financiero, considerando el ingreso ordinario mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Al igual que las otras entidades, la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (Resolución 1022/2025) dispone de 15 días para presentar un plan de contingencia, bajo el riesgo de correr la misma suerte que la OSPAd y se dada de baja de la nómina de Agentes del Seguro inscriptos en el Registro Nacional del Seguro (RNAS).

El Gobierno cierra una obra social y amplía el número de entidades en la mira

A través de las auditorías que realiza la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sobre los agentes de salud registrados, el Gobierno dio un paso más y definió el cierre de una de las entidades por el cúmulo de irregularidades detectadas. Cuáles siguen en riesgo

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