El Gobierno avanzó este martes con dos préstamos de entidades internacionales como parte de su estrategia de fortalecimiento de la política fiscal. Se trata de dos desembolsos, uno de u$s 300 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otro de u$s 1200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya aprobación se formalizó a través del Boletín Oficial.

"Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BIRF a celebrarse entre la Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de hasta US$300 millones destinado a financiar el Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria", señala el Decreto 489/2025 que se conoció este martes.

El préstamo se suma a un crédito que se oficializó el lunes por u$s 230 millones, de la misma entidad, cuyo objetivo es financiar el proyecto "Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo", cuyo objetivo es mejorar el empleo de los "grupos priorizados" y fortalecer la calidad y disponibilidad de los servicios de capacitación y empleo en la Argentina.

En cuanto a los préstamos del BID que fueron formalizados este martes a través del Decreto 490/2025, uno es u$s 400 millones para financiar el "Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad", y otro por u$s 800 millones para destinar al "Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II".

En todos los casos, la financiación quedó sujeta a que los programas a donde se destinarán los fondos sean aprobados por los directorios ejecutivos de los organismos. De igual manera, se estipuló que en los tres "la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Préstamo serán llevadas a cabo por el Ministerio de Economía".

Asimismo, se facultó al titular de la cartera económica, Luis Caputo, y los funcionarios que el ministro designe a introducir modificaciones a los programas "siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado".

En los considerandos de los decretos, se argumentó que el Banco Central analizó el efecto de las operaciones acordadas en la Balanza de Pagos y manifestó que cada una "implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales" y, por ende, concluye que dicho impacto "será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas".

En la misma dirección se pronunció la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía al informar que no tiene objeciones sobre los financiamientos a partir de que el costo financiero de los préstamos, "basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado".

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