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El Gobierno apeló el fallo de la Justicia Electoral que rechazó el pedido de reimpresión de las boletas de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. El escrito fue presentado a la Cámara Nacional Electoral, que deberá definir además sobre si la lista será encabezada por Karen Reichardt o Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert.
La Justicia Electoral había tomado la determinación de rechazar el pedido del oficialismo "por resultar material, temporal y jurídicamente inviable, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes".
El fallo, firmado por Jorge E. Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, detalló que el proceso de impresión, control y distribución de las boletas ya se encuentra en su fase final.
El tribunal había determinado que los informes técnicos resultaron claves para tomar la decisión. Según estimó el Ministerio del Interior, una reimpresión costaría más de $ 12.169 millones y puntualizaron que el proceso de reimpresión de la totalidad de los ejemplares demoraría nueve días después de aprobadas las muestras definitivas.
En ese sentido, el Correo Oficial precisó que para garantizar la distribución oportuna del material electoral a las 38.760 mesas del distrito, debía recibir el material con una antelación mínima de diez antes de la elección.
La Junta también advirtió que aceptar el pedido de LLA podría abrir la puerta a reclamos similares ante futuras renuncias, generando una "cadena de alteraciones del calendario electoral incompatible con el principio de seguridad jurídica".
En ese contexto, La Libertad Avanza presentó este viernes un recurso de apelación ante la CNE donde solicitaron "revocar la resolución 9/10/2025, disponiendo la impresión de la BUP con la real oferta electoral de las Alianzas".
En su apelación, el Gobierno sostiene que existen antecedentes judiciales y recursos técnicos suficientes para realizar la reimpresión sin alterar los plazos previstos. Además, argumenta que "no hay impedimentos logísticos" si se reasignan partidas presupuestarias y se prioriza la transparencia democrática.
"Lo que está en juego no es una conveniencia política de una u otra Alianza, sino el derecho, ultra tutelado, del elector a votar informado con un Instrumento Electoral -BUP- que refleje su decisión de la forma más pura y real, siendo esto responsabilidad de todos los integrantes del sistema Electoral", argumentó LLA en su presentación.
El fiscal de la Cámara Nacional Electoral propuso que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza
La apelación del Gobierno se conoce además luego de que el fiscal Ramiro González ratificara ante la Cámara Nacional Electoral que sea Karen Reichardt, y no Diego Santilli, la que finalmente encabece la lista de La Libertad Avanza en Provincia.
El dictamen del fiscal sostuvo que en caso de renuncia de un primer candidato a diputado varón, "el Código Electoral prevé que el reemplazo sea por ‘corrimiento' de la lista. Si los candidatos y candidatas suben un lugar, se cumple con la ley de paridad de género sin necesidad de reemplazar al varón por otro varón y que esa situación ya está prevista en la ley electoral, añadió González.
El fiscal señaló que la reformulación propuesta por los apoderados de LLA supone "no solo que la segunda candidata deje de ascender un lugar en la lista, sino que otros 16 candidatos varones queden en mejor posición de ser electos y pasen por encima de las candidatas mujeres que originalmente se les anteponían".
Y afirmó que si eso se convalidara, "una parte importante del grupo histórica y estructuralmente en desventaja en favor del cual se promueve la acción afirmativa, sería lesionado producto de su aplicación".
"La denominada ley de paridad ha sido el último mojón legislativo en materia de derechos y participación política de las mujeres que recogió una serie de principios constitucionales y convencionales que suponen un fortalecimiento de los estándares de participación y acceso a los cargos públicos, sobre la base de acciones afirmativas tendientes a reparar desigualdades estructurales entre varones y mujeres en este ámbito", expresó.
Para González, con la postura que sostiene el Gobierno "asignar el derecho al tercer diputado no sólo conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva sino que, además en el caso concreto -al suponer una aplicación regresiva respecto de la ley de cupo-, atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres que prometió el propio Estado en la Constitución Nacional".