En esta noticia
Uruguay y Argentina comparten algo que pocos señalan: una presión tributaria casi idéntica, alrededor del 27% del PBI. Ahí terminan las similitudes. En los últimos veinte años, el país vecino duplicó su producto; Argentina creció apenas un 50%. El PBI per cápita uruguayo ya está en 23.000 dólares, casi el doble del argentino. La clave de esa divergencia no está en cuánto cobra el Estado, sino en qué impuestos elige para hacerlo.
Esa es la tesis central que desarrolló el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en su último informe, y que tiene cada vez más eco en el ámbito económico. La diferencia entre ambos países no pasa por el nivel de la presión fiscal sino por la calidad de los instrumentos tributarios. Uruguay recauda sin apelar a ninguno de los impuestos que en Argentina se han vuelto sinónimo de distorsión: no hay Ingresos Brutos, no hay impuesto al Cheque, no hay derechos de exportación.
El secreto uruguayo
Los números son elocuentes. En Uruguay, el IVA recauda el 9,7% del PBI; en Argentina, apenas el 7,4%, pese a tener alícuotas similares (22% versus 21%).
En Ganancias de empresas, Uruguay cobra 7,1% del PBI con una tasa del 25%; Argentina recauda solo 4,5% con una tasa del 35%.
Las cargas sociales son otro tanto: 9,6% del PBI en Uruguay frente al 5,1% argentino, con alícuotas que en el vecino país oscilan entre el 30% y el 35% del salario, contra el 43% local.
En síntesis, Uruguay logra que los tres grandes impuestos —IVA, Ganancias y cargas sociales— expliquen el 90% de su presión tributaria total. En Argentina, esos mismos tres tributos no llegan a cubrir el 60% de la recaudación. El resto lo parchean impuestos que generan más daño del que recaudan.
La lógica del daño es conocida para cualquier empresario o contador: Ingresos Brutos se aplica en cascada en cada etapa de la cadena productiva y llega inflado al consumidor final; el impuesto al Cheque castiga cada movimiento bancario y empuja a la economía informal; las retenciones desincentivan la producción y comprimen la rentabilidad, erosionando la base imponible de Ganancias.
Cada uno de estos instrumentos no solo recauda de manera ineficiente, sino que destruye la base sobre la que deberían recaudar los impuestos “buenos”.
Los planes del Gobierno
El gobierno de Javier Milei llegó al poder con un diagnóstico muy parecido. En la apertura de sesiones ordinarias, Milei aseguró que es necesario reformar el esquema impositivo “porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al sistema de turno”. Las metas de la reforma que trabajan en el Ministerio de Economía apuntan exactamente a los mismos blancos que señala la experiencia uruguaya: las ambiciones más grandes son eliminar el impuesto al cheque y los derechos de exportación, sujeto a que los números de la economía lo vayan permitiendo.
El plan va más allá. Desde la Casa Rosada en algún momento se contempló un “super IVA” para eliminar Ingresos Brutos, la eliminación del impuesto al Cheque y la reducción gradual del impuesto a las Ganancias para las personas humanas, aunque estas reducciones se impulsarán a medida que la recaudación lo permita.
En materia de Ganancias para empresas, Caputo adelantó que se reducirá la alícuota para sociedades a partir de 2026, buscando crear un “clima de inversión” más competitivo.
Sin embargo, el principal obstáculo no es ideológico sino político y fiscal. Las modificaciones que el Gobierno Nacional puede impulsar se limitan a los tributos de jurisdicción federal. El peor de los impuestos que tiene Argentina, que es Ingresos Brutos, excede a la Nación y depende de voluntades políticas de las provincias, según advirtió la tributarista Florencia Fernández Sabella. Y el problema es de magnitud: Ingresos Brutos representó en lo que va de 2025 el 78% del total de la recaudación de las provincias. Pedirles a los gobernadores que resignen ese flujo sin una compensación equivalente es una negociación de enorme complejidad.
Desde el Gobierno consideran que el impuesto al cheque y las retenciones al campo son los peores impuestos, y que los gobernadores tienen que reducir Ingresos Brutos. El problema es que en muchas provincias el IIBB representa el 80% de sus ingresos, por lo que para ir reduciéndolo se necesitará una reforma tributaria muy equitativa.
La trampa del gradualismo
El riesgo que acecha a la reforma es el del gradualismo indefinido. Desde el Palacio de Hacienda remarcaron que a medida que vaya aumentando la recaudación es que se van a estar anunciando más medidas impositivas. La lógica es comprensible: no se puede resignar recaudación sin haber construido primero una base más amplia. Pero es exactamente la misma lógica que durante décadas bloqueó cualquier reforma estructural: esperamos a crecer para reformar, pero no crecemos porque no reformamos.
El caso uruguayo aporta una respuesta a ese dilema que el informe de IDESA subraya con claridad: no hace falta bajar la presión impositiva para mejorar la competitividad. Alcanza con sustituir impuestos malos por impuestos buenos. Si el IVA absorbe a Ingresos Brutos, el aumento de alícuota puede ser moderado porque la base se amplía al reducirse la evasión. Si se elimina el impuesto al Cheque, la actividad formal crece y con ella la recaudación de Ganancias. El sistema se financia a sí mismo, pero con reglas distintas.
La ventana política para avanzar existe hoy como no existía hace dos años. En el seno del Ejecutivo entienden que 2026 será un año clave para impulsar estas reformas.