“Caputo sabe cómo funciona el sistema, es extraño que salga a decir eso”. En la banca internacional recibieron con sorpresa el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, pidiendo que las entidades financieras “no rompan las pelotas” con pedidos de documentacion y papeles a quienes, adhiriendo a la nueva Ley de Inocencia Fiscal, lleven dólares no declarados al sistema.
En la búsqueda de inyectar dólares, el Gobierno consiguió aprobar junto al Presupuesto 2026 el proyecto que le permitiría a un ahorrista adherir a un nuevo régimen tributario a partir del cual podría depositar dinero no declarado en un banco sin que las autoridades le reclamen por lo evadido en el pasado, al tiempo que además según dijeron, tampoco habría indagaciones sobre los nuevos consumos.
Si bien aún no se publicó en el Boletín Oficial, es la gran apuesta para este 2026: lograr que los argentinos, que tienen según se calcula hasta US$400 mil millones fuera del sistema, vuelquen una parte de esos fondos en actividades que generen movimiento económico, engrosen la oferta de divisas y además aumenten en última instancia la recaudación de pesos.
Así fue que Caputo se anticipó en Twitter la semana pasada a lo que a todas luces iba a aparecer como un inconveniente: los requisitos que podrían pedir las entidades financieras para cubrirse de posibles consecuencias ya no frente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sino ante la legislación y los organismos de control nacionales y sobre todo internacionales.
“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, expresó el ministro en X.
“Ese proyecto así como está no tiene chances en bancos internacionales”, indicó un ejecutivo con más de una década en este tipo de entidades y con firma en cargos que lo transforman además en un posible responsable penal en caso de que se comprabaran irregularidades a raíz del depósito de fondos de origen ilícito.
En otra entidad, explicaron que es muy difícil poder hacer cómo dice Caputo y mirar para otro lado. “Tres o cuatro veces al año, en la casa matriz del banco nos imponen hacer cursos presenciales o virtuales con un objetivo: que no puedas desconocer la normativa internacional contra el lavado de dinero, porque si hay algún problema hasta podés quedar pegado con consecuencias penales por simple omisión”, indica un ejecutivo de alto rango, que redondea: “Porque si miraste los pajaritos y no actuaste, podes pasarla mal”.
“Caputo lo sabe”, insisten en los directorios donde leyeron el tuit del ministro y hasta lo comprendieron por su búsqueda política de mandar un mensaje de impacto pero no por lo que él según dicen debiera conocer que son los límites del funcionamiento del sistema financiero internacional, que tiene su esquema de “red flags” o alertas tempranas frente al movimiento de dinero ilegal.
En la teoría que le explican a los ejecutivos de bancos, hay tres etapas que deben monitorearse ante el movimiento de dinero: primero, está la “colocación”, que es cuando se mete el efectivo en las cuentas; luego viene lo que se llama la “estratificación”, es decir, cuando se considera que hay movimientos extraños entre cuentas con la intención de que se pierda en el sistema la trazabilidad de esos fondos; y por último existe la “integración”, es decir, cuando al final del camino se produce un consumo, por ejemplo la compra de un inmueble, para terminar con la operación que busca pasar dinero ilícito al mundo legal.
En cada una de esas etapas, en la banca internacional necesitan ir dejando constancia de por qué se realizó cada movimiento y quién debería responder ante esas decisiones. Así, si surgen reclamos futuros por alguna de esas operaciones se pueden disparar incumplimientos en las normas internacionales y en cada caso existirá un responsable.
“Tenemos normas de compliance y están los acuerdos del GAFI -el grupo intergubernamental contra el lavado y la financiación del terrorismo-, que además de implicar posibles consecuencias penales para los ejecutivos involucrados en un proceso observado, incluyen un plus muy relevante como la aplicación de posibles multas muy onerosas”, precisan.
En ese punto, en otro banco internacional marcaron una comparación no menor: “Es mucho menos lo que pueden ganar localmente por el incremento de sus depósitos en dólares que la multa que pueden tener que pagar afuera a los organismos de contralor internacionales atados a la normativa global”.
Además de esa perspectiva a nivel internacional, la banca también tiene reparos incluso sobre la legislación en la Argentina. Por eso sobre el final del 2025 las distintas asociaciones de bancos de la Argentina presentaron una nota ante el Banco Central pidiendo precisiones sobre los alcances de la legislación en materia de Ley Penal Tributaria, porque según detallaron “la nueva ley quita responsabilidades penales a los contribuyentes pero no dice nada sobre nuestra obligación de cumplir con la normativa anti-lavado”.
El único banco que se mantuvo al margen de este planteo fue el Banco Nación, el mayor banco del país y controlado por el Poder Ejecutivo, al que el propio Caputo apela para presionar al resto de la banca planteando que la gente que encuentre inconvenientes vuelque allí sus ahorros porque no van a tener inconvenientes.
Sin embargo, incluso esa entidad tuvo que recalcular. Luego de que en un primer momento, minutos después del tuit de Caputo donde pedía que los bancos “no rompan”, el Nación había subido un flyer a sus redes diciendo que “a partir de mañana” esperaban para “recibir los ahorros en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal”, el posteo fue borrado y se reemplazó por otro más contemplativo de las consecuencias legales de operar en el sistema.
“A partir de hoy empezamos a atender consultas en todas las sucursales del país y estamos preparados para recibir los ahorros con la seguridad y respaldo del Banco Nación”, se indicó finalmente.