Las diputadas macristas Patricia Bullrich y Laura Alonso realizaron dos denuncias judiciales por espionaje ilegal por parte del Gobierno a un nutrido grupo de jueces, incluidos los miembros de la Corte Suprema, dirigentes políticos de la oposición, dueños de medios de comunicación y periodistas.
Las presentaciones afirman que “se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes WhatsApp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras” a quienes “mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional y se basan en cuestiones de afinidad y pertenencia política o por sus opiniones”, por lo cual se exigieron allanamientos en dos domicilios.
Las presentaciones se hicieron en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Emiliano Canicoba Corral y el fiscal Rodolfo Domínguez, y los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, que por sorteo recayó en el juzgado federal N°7 de Sebastián Casanello.
Junto a la denuncia se adjuntó una lista de los espiados por los servicios de inteligencia del Estado, junto con sus nombres, apellidos, documentos, fechas de nacimiento y los motivos de la intervención de los teléfonos.
En el listado figuran políticos opositores de primera línea, varios conjueces, familiares de Jaime Stiuso, dueños de varios medios y hay un apartado, por ejemplo, con “periodistas de TN”. La particular lista incluye a empresarios como Ernestina Herrera de Noble, una de las socias propietarias de Clarín, y a una actriz y vedette como Luciana Salazar.
“Esto demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue maquillaje y que fue la propia Presidenta (Cristina Kirchner) a través de (Oscar) Parrilli la que habría ordenado que se viole la Constitución espiando a la Corte Suprema, jueces federales, candidatos opositores, periodistas y personalidades que han expresado su disconformidad con acciones del gobierno”, advirtió Alonso.
Y agregó: “Es un claro atentado contra el orden constitucional que la SIDE, ahora llamada AFI y los servicios de inteligencia del Estado persisten en violar derechos y garantías como la libertad de expresión y la privacidad”.
Por su parte, Bullrich cuestionó “el seguimiento a ciudadanos, periodistas, jueces, políticos, e intelectuales” como “un paso más de los aparatos de inteligencia y control sobre todo aquel que piensa distinto y sobre los temas que le arden en la mano al gobierno, como el caso Nisman”.
“Este sistema de ultra control que el gobierno envió para que las escuchas quedaran todas bajo la órbita de Alejandra Gils Carbó y el aparato de inteligencia del Ejército, su funcionamiento, nos hace recordar al período más oscuro de la Argentina”, agregó.
Según precisó el portal Infobae, los delitos denunciados por las legisladoras del PRO –apunta Infobae- están tipificados en los artículos 3, 42 y 43 de la ley 25.520 que prohíbe "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales".