Cuenta regresiva para el vencimiento de un decreto clave para el agro y presión de las entidades al Gobierno

El próximo 30 de junio vence el decreto 38/2025 firmado por el presidente Javier Milei por el que se establece una reducción de los derechos de exportación para distintos productos del agro y para las economías regionales. La medida fue tomada en enero pasado y tuvo como objetivo incentivar la liquidación de las cosechas y permitir el ingreso de divisas. Para poder acceder a la rebaja, las condiciones son dos: los productores deben liquidar el 95% de las divisas provenientes de esas mercaderías y la reducción a 15 del plazo para hacerlo, en lugar de los 30 habituales. En su momento, el decreto tuvo buena repercusión en el sector, pero ahora, a menos de tres meses del vencimiento, las entidades quieren redoblar la apuesta y dicen que eso debe ser un "piso" para discutir con el Gobierno. Es decir, de ese beneficio no se puede bajar. En ese contexto, se volvió a reunir la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados luego de un primer encuentro en el que se pusieron sobre la mesa proyectos de distintos partidos para evaluar qué podría pedir el sector sin afectar el bendito equilibrio fiscal que pregona el Gobierno nacional. El 3 de abril pasado también hubo una reunión de Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) con el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, en donde se habló de la "necesidad de previsibilidad en materia de retenciones, particularmente para la campaña fina". Es decir, los canales de diálogo se están abriendo, pero quieren más respuestas. "En este mundo ´patas para arriba´, y al no contar con una ley, nosotros tenemos la imprevisibilidad de que se vuelvan a aumentar las retenciones a partir de su vencimiento", planteó Atilio Benedetti, titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, en el inicio de la reunión que reunió a una decena de entidades. Ivana Vidal, representante de la Sociedad Rural Argentina (SRA), recordó que "siempre pedimos que se eliminen los derechos de exportación ya que este impuesto no hizo más que postergar las inversiones y las posibilidades de desarrollo de nuestro país". Pero hubo una línea discursiva que procuraron mantener la mayoría de los expositores en torno a que "cierren" los números, tanto para el sector como para el Estado, de manera que afloje la fuerte dependencia que hay sobre los dólares que genera el campo. Precisamente, Juan Schilling, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), subrayó que "la propuesta es eliminar las retenciones sin afectar el superávit fiscal", y en ese sentido, señaló que "planteamos financiar el impacto fiscal, negativo que tiene esto, con una eliminación progresiva en tercios por año y la emisión de un bono similar al que se usó para regularizar las importaciones atrasadas que heredó este Gobierno". Schilling propuso allí un esquema de tercios por año, aunque en la discusión política que se está llevando adelante en el Congreso se está hablando de una iniciativa con los plazos un poco más largos. Hay un proyecto de la Coalición Cívica que toma como referencia la rebaja que hizo el Gobierno por decreto este año como alícuota máxima, la convierte en permanente y obliga al Ejecutivo a bajarlas todos los años un quinto, hasta su eliminación total en el plazo de cinco años. Pablo Ginestet, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), por su parte, hizo una mirada alternativa y subrayó que "hay que enfocarse en la reducción del gasto público". Según su visión, "con un Estado más austero y eficiente será posible eliminar los derechos de exportación y construir un país más competitivo y justo", enfatizó. Desde Barbechando, la ONG que actúa como nexo parlamentario de las entidades, Angeles Naveyra, marcó que "el impacto dinámico que tienen los derechos de exportación distorsiona el precio de los productos. Eso tiene efectos negativos en la producción". Estuvieron también presentes en el encuentro Pablo Ginestet, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria; Mario Raiteri (Coninagro); Ariel Angeli (CREA); y Nicolle Pisani. Durante el encuentro, Coninagro presentó un documento al que tuvo acceso El Cronista en el que repasa algunos indicadores del agro para tener en claro la situación actual y las posibilidades dentro de un contexto económico difícil. Según indica allí, el agro representa "1 de cada 4 puestos de trabajo privado, 1 de cada 4 pesos del PIB, 1 de cada 5 pesos de recaudación tributaria, 6 de cada 10 dólares de exportación y 8 de cada 10 dólares netos que ingresan al país". "Los Derechos de Exportación (DEX) son una herramienta que limita el crecimiento de la producción al reducir el precio percibido por los productores. No solo reducen la competitividad internacional de nuestros productos, sino que también frenan el desarrollo del interior y desalientan la inversión", plantean desde Coninagro. En ese aspecto, citan que ninguno de los principales países competidores de Argentina aplica retenciones a su producción. Entre ellos mencionan a Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania y Francia. Solo Rusia aplica derechos de exportación "y lo hace con fines geopolíticos", aclara. Entonces el razonamiento allí es que "los productores argentinos compiten en condiciones desiguales: mientras nuestros vecinos exportan sin penalidades, aquí se llega a extraer hasta el 60% de la renta del productor. Este desequilibrio no es sostenible".

Cuenta regresiva para el vencimiento de un decreto clave para el agro y presión de las entidades al Gobierno

Las entidades agropecuarias fueron invitadas a la Comisión de Agricultura de Diputados. Cuáles fueron los planteos, los objetivos de máxima y las alternativas más viables.

Daniela Mozetic

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