El Poder Ejecutivo volvió a enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil, con la intención de que sea tratado de manera exprés en el Congreso. Según el cronograma definido por el oficialismo, la iniciativa será debatida este miércoles en un plenario de comisiones y podría llegar al recinto el jueves, con la expectativa de obtener media sanción.
El texto es prácticamente idéntico al que el Gobierno había impulsado el año pasado y mantiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad. En su versión original, el proyecto establece que los adolescentes puedan ser penalmente responsables desde los 13 años en casos de delitos graves, aunque en el oficialismo reconocen que ese punto será objeto de negociación.
De hecho, los bloques de la oposición dialoguista ya adelantaron que están dispuestos a discutir la reforma, pero con una modificación clave: elevar el piso de imputabilidad a los 14 años.
La principal novedad del proyecto respecto de la versión conocida en 2025 es la inclusión explícita de las fuentes de financiamiento para su implementación. El texto enviado ahora al Congreso incorpora un artículo específico que asigna partidas presupuestarias para poner en marcha el nuevo régimen, uno de los puntos más cuestionados durante el debate del año pasado.
En ese sentido, se prevé un monto superior a los $23.700 millones, destinados tanto al Ministerio de Justicia como a la Defensoría General de la Nación, además de habilitar acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de fondos destinados a infraestructura, capacitación y creación de institutos especializados para menores.
El proyecto establece un régimen penal diferenciado del de adultos, con prioridad en la resocialización y la educación de los adolescentes. Para los delitos más graves —como homicidios, abusos sexuales o secuestros— se contemplan penas privativas de la libertad, con un tope que el texto original fija en 20 años, aunque también este punto podría ser modificado durante el debate parlamentario.
Para los delitos menores, en cambio, se priorizan penas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento y otras medidas no privativas de la libertad, que solo se aplicarían como último recurso.
Desde la Cámara baja confirmaron que el miércoles habrá un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, con el objetivo de dictaminar ese mismo día.
Si el oficialismo logra sostener los acuerdos con los bloques dialoguistas, el proyecto podría llegar al recinto el jueves, en lo que sería uno de los debates más sensibles de la agenda legislativa del inicio del año parlamentario.
El financiamiento, la principal novedad del nuevo envío
Uno de los cambios centrales respecto del proyecto que el Ejecutivo había enviado el año pasado es la incorporación explícita de las fuentes de financiamiento para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la versión anterior, la falta de partidas presupuestarias había sido uno de los principales cuestionamientos de la oposición y un obstáculo para avanzar en el tratamiento legislativo.
El texto remitido ahora al Congreso incorpora un artículo específico —el 51— que establece una asignación presupuestaria total de $23.739.155.303,08 para afrontar los gastos derivados de la aplicación de la ley. Según detalla el proyecto, los fondos estarán distribuidos entre distintas áreas del Estado nacional.
En concreto, se asignan $3.131.996.784,28 al Ministerio de Justicia, con cargo a gastos en personal, mientras que la mayor parte de los recursos, $20.607.158.518,80, se destinan a la Defensoría General de la Nación, a través de su programa específico vinculado al patrocinio jurídico y la asistencia en el marco del nuevo régimen penal juvenil.
Además, el proyecto habilita la posibilidad de articular acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de partidas especiales, con el objetivo de financiar la construcción y adecuación de institutos especializados de detención para adolescentes, así como la capacitación del personal y el desarrollo de dispositivos alternativos a la privación de la libertad.
Este punto había sido uno de los más debatidos durante 2025, ya que el nuevo régimen prevé la creación de centros específicos para menores, con personal especializado en infancia y adolescencia, atención médica y programas educativos, y prohíbe expresamente cualquier tipo de convivencia con detenidos adultos. La inclusión del financiamiento busca, según el oficialismo, despejar dudas sobre la viabilidad operativa de la reforma y facilitar los acuerdos políticos necesarios para su aprobación en Diputados.