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Axel Kicillof y la empresa concesionaria AUBASA difundieron un comunicado este viernes con fuertes críticas a las medidas de fuerza tomadas los últimos días por el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) de Facundo Moyano, que decidió mantener el paro pese a la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación.
"Se vienen haciendo todos los esfuerzos para conducir de manera virtuosa la empresa, viendo nuestro accionar impedido por medidas injustificadas del Sindicato por lo que hacemos público el llamado a deponer las medidas de acción directa que afectan la seguridad de nuestros usuarios y sus familias como así también de los recursos de todos los bonaerenses", reclamó la Provincia junto a AUBASA.
Desde la gestión de Axel Kicillof remarcaron "resulta totalmente injustificada" la medida de fuerza dispuesta por el SUTPA, con levantamiento de barreras de las estaciones de peaje de las trazas de rutas del Corredor Vial del Atlántico y de la Autopista Buenos Aires-La Plata, lo que impidió el cobro manual y automático "sin que existiera aviso, comunicación o reclamo previo".
Hasta el momento, el paro es de tiempo indeterminado y los cruces entre ambas partes crecieron con vigor en las últimas horas.
Conflicto AUBASA-SUTPA: qué pasó
El nuevo conflicto entre el sindicato que tiene a Facundo Moyano como máximo exponente y la empresa concesionaria de las rutas de la Provincia de Buenos Aires se produce a raíz del inconformismo y la resistencia hacia la gestión de Ricardo Lissalde, titular de AUBASA.
"Desde que Lissalde ha asumido al frente de la presidencia de AUBASA hemos ingresado en un espiral de conflictos que parecen no tener fin. Cabe señalar que con ninguna de las empresas concesionarias de la actividad hemos presentado este grado de imposibilidad de acuerdo, lo cual resulta altamente llamativo, máxime cuando esta empresa pertenece al Gobierno provincial, que se dice peronista, con todo lo que representa", describió un comunicado de SUTPA publicado el pasado martes.
Aun así, las terminales del conflicto se direccionaron también hacia la conducción de Axel Kicillof al mando de las riendas bonaerenses. En ese mismo escrito, el sindicato agregó que "ni siquiera en el gobierno de María Eugenia Vidal [gobernadora durante el período 2015-2019] llegamos a este nivel de conflictividad e imposibilidad de acuerdo y mucho menos con el gobernador Scioli [2007-2015]".
El comunicado conjunto de AUBASA y la Provincia
La respuesta publicada esta jornada expresa que la medida es "totalmente injustificada", enfatizando que "se desconocen sus razones ya que se encuentra vigente el acuerdo paritario", así como "los aportes para capacitación y fomento", "los sueldos y el aguinaldo se han abonado normalmente".
La disputa se intensificó a fines de 2021 a raíz del despido de trabajadores e implementación del telepeaje y del precio de las tarifas, que -según Moyano- produjo un sistema comercial inviable por parte de la provincia.
Desde AUBASA marcan que se ha trabajado en un plan de reconversión laboral que "mejorará las condiciones de trabajo de sus colaboradores", pero que el SUTPA aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas convocadas a tal fin.
Cruces de Moyano y Kicillof
Al conflicto se le sumó una nueva arista luego de que el sindicato incumpliera la conciliación obligatoria, acto que fue respondido por las autoridades de la empresa de peajes con una solicitud hacia la Gobernación para que cancelaran la personería gremial del SUTPA.
"Cuando decimos que ni siquiera (Mauricio) Macri se animó a tanto, lo decimos en serio. Tenemos que remontarnos a las peores épocas de la Argentina para ver como el Ministerio de Trabajo o el Estado Nacional piden el quite de la personería gremial y más que lo haga una empresa estatal", manifestó en un nuevo dardo al gobernador Kicillof, a la vez que añadió: "Ningún funcionario de esta compañía va a pedir eso sin tener la venia de la Provincia".
"Es un acuerdo político entre Sergio Massa y Kicillof, que causó un deterioro mucho más fuerte (del servicio)", denunció y agregó que el pedido para quitar la personería quedó a cargo del estudio jurídico de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).