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La Secretaría de Trabajo extendió por cinco días la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Gobierno y el gremio que nuclea a los controladores aéreos, que denuncia el incumplimiento de compromisos asumidos en instancias paritarias anteriores
La decisión se tomó este viernes, fecha en la que se cumplió el primer período de conciliación, durante el cual no hubo avances en las negociaciones paritarias entre las partes.
De esta manera, la prórroga de la conciliación obligatoria se extiende hasta el 26 de enero a las 8hs. Asimismo, Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el día viernes 23 a las 11 horas.
Fuentes oficiales señalaron, respecto a las amenaza de medida de fuerza por parte de ATEPSA, que los servicios de navegación aérea que presta la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) son un servicio esencial por ley, “por lo tanto no es posible realizar un paro de un día para el otro”
Se debe presentar un cronograma con las medidas de fuerza con 5 días de anticipación, no pudiendo afectar más del 45% de las operaciones aéreas. Asimismo, mientras se encuentre vigente la conciliación obligatoria no pueden llevarse a cabo, insistieron.
La posibilidad de la prórroga estaba dada por las normativas vigentes, que prevén que la autoridad laboral pueda otorgue una prórroga de cinco días hábiles adicionales a solicitud de la empresa estatal.
Este mecanismo busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, liderado por su Secretaria General Paola Barritta, recupere la potestad de realizar asambleas o paros que comprometerían el flujo de pasajeros en plena temporada alta.
Historial de reclamos y denuncias en la Justicia
En los últimos meses, el gremio ya llevó adelante una serie de medidas de fuerza. En julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una conciliación obligatoria inicial para desactivar un esquema de protestas que amenazaba el receso invernal.
Posteriormente, en agosto. se concretaron tres jornadas de paro nacional. El conflicto se suspendió tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial del 15% distribuida en cuatro tramos.
En el mes de noviembre, el gremio retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura.
Finalmente, en diciembre, se inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria que rige hasta este viernes.
El conflicto trascendió el ámbito laboral para instalarse en los tribunales federales, donde se investigan dos ejes principales, un presunto fraude administrativo y una investigación por fallas en la seguridad operacional.
La Justicia investiga por un lado, la validez de un acta paritaria de fines de 2023, donde se analiza la responsabilidad de Gabriela Logatto (Ex-Presidenta de EANA) y de Paola Barritta (Secretaria General de ATEPSA) en la supuesta creación de un documento que establecía aumentos anticipados para 2024, el cual no figura en los registros oficiales de la compañía.
Por otro lado, EANA formalizó denuncias penales contra el gremio por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad de los vuelos, incluyendo la colocación de elementos sindicales en las torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y operación técnica.
Por su parte, el vencimiento de la conciliación obligatoria sitúa al Gobierno en una encrucijada estratégica. Mientras el núcleo económico mantiene su postura de austeridad ante posibles recomposiciones salariales, la operatividad del transporte aéreo depende de la capacidad de gestión de un recurso humano que es, por naturaleza técnica, insustituible.