El oficialismo solo convocará a sesiones si tiene garantizado el quórum en el recinto. La bancada que preside el diputado del Frente de Todos Germán Martínez no volverá a someterse a una derrota. Para eso, deberá consensuar el temario con los bloques opositores. De lo contrario, la Cámara baja permanecerá paralizada.

Hay una luz al final del túnel para el Frente de Todos. En la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio, los matices están cada vez más marcados. Un sector sostiene la postura de bloquear la actividad en el Congreso hasta tanto el juicio político a los miembros de la Corte Suprema siga en pie. El otro insiste en que juicio y actividad parlamentaria son asuntos separados. Rechazan el bloqueo per se, sobre todo en el ámbito de las comisiones.

Estos últimos no plantean dejarle todo servido al oficialismo, sino, negociar tema por tema para que el Congreso retome su normal funcionamiento. Son conscientes de que paralizar leyes como la moratoria previsional que tiene en vilo a más de 700.000 personas les juega en contra. ¿Un ejemplo? Los escraches en las oficinas de la ANSES en todo el país.

Más allá de que en Juntos por el Cambio repudiaron los afiches con las caras de los diputados de la oposición -y sobre todo que la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, haya habilitado el hecho, por acción u omisión-, lo cierto es que cuando vuelven a sus pagos, los legisladores nacionales deben explicarles a sus votantes por qué no pueden jubilarse.

Ante este panorama, el oficialismo tiene definido que, al menos en lo inmediato, no convocará a una sesión, salvo que tenga garantizado los 129 presentes que se requieren para la puesta en marcha del debate. La tercera fue la vencida. En diciembre último sufrieron tres fracasos al hilo cuando la oposición los dejó sin quórum. No están dispuestos a volver a protagonizar un evento similar.

Así las cosas, el panorama indica que Diputados recién celebrará una sesión después del 1 de marzo, cuando el período de sesiones extraordinarias habilitado por el Presidente Alberto Fernández haya quedado atrás. Pero Juntos por el Cambio -al menos un sector- está dispuesto a dar quórum siempre y cuando el temario de las sesiones no se limite a la agenda del oficialismo. "Deben aceptar tratar la Ley de Alquileres", le dijeron a El Cronista.

La Ley de Alquileres, vale recordar, quedó paralizada el año pasado, luego de que en comisión se firmaran tres dictámenes. Si Juntos por el Cambio logra consensuar con los bloques "del medio", tiene chances de imponer una reforma a la ley cuya derogación fue slogan de campaña en 2021.

Juntos por el Cambio entonces deberá ingeniárselas para desactivar la acusación que le hacen desde el oficialismo de "no trabajar" por no dar quórum pero, al mismo tiempo, contener a la tropa.

Es que son varios los proyectos que están sobre la mesa que generan fuertes diferencias internas, como la moratoria previsional o la creación de 8 universidades nacionales; dos temas que para un sector cambiemita son sinónimo de "gasto fiscal" y no de "inversión", como lo interpreta otro sector.

Si hay algo que busca demostrar la coalición opositora en año de campaña es que son la contracara del Frente de Todos. Es decir, una coalición en la que prima la unidad. Un Congreso paralizado ayuda a maquillar esas diferencias. Pero el costo es alto.