Mirando al detalle las necesidades que el FMI pone sobre la mesa para cerrar un acuerdo para postergar los vencimientos de deuda en los próximos años, el Gobierno pretende relanzar en los primeros días del año venidero una convocatoria al sindicalismo y a las cámaras empresarias con el objetivo de llegar al establecimiento de un acuerdo de precios y salarios, que permita morigerar la evolución del costo de vida y responder al pedido de reducir la inflación.

El pasado viernes, al término de cinco días de negociaciones entre funcionarios técnicos del FMI y una delegación argentina encabezada por el representante del Cono Sur ante ese organismo, Sergio Chodos, desde Washington llegó un comunicado que puso en letra de molde las condiciones para finalmente sellar un programa de facilidades extendidas.

La "coordinación de precios y salarios" que reclama el Fondo apareció en la presentación que el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo el lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, para defender el Presupuesto 2022.

Allí sostuvo que "los acuerdos de precios e ingresos son un elemento necesario para reducir la persistencia de la inflación". Ese mismo mensaje había transmitido a funcionarios de primera y segunda línea de varias carteras con afectación sobre la economía, resumiéndoles los avances de la negociación, y los desafíos por delante.

Empecinado en defender la proyección de inflación pautada para 2022 (33%, muy lejos de la opinión del mercado), aún tras reconocer que el escenario se modificó respecto de septiembre, cuando la previsión de gastos y recursos fue enviada al Congreso, Guzmán insiste en aferrarse a ese número y ya envió, mediante emisarios, señales a la CGT sobre las pautas con las que espera que se den las negociaciones salariales en adelante.

En el ministerio de Trabajo acatan la pauta del 33% y aseguran que el mismo esquema implementado este año, regirá el próximo. Esto se traduce en persuadir a los gremios para que sean "responsables" y adopten acuerdos que sigan la pauta oficial, aunque atados a revisiones -en lo deseable, en el segundo semestre- una vez que el "techo" se rompa. El triunviro cegetista Héctor Daer dejó entrever un tácito aval de esta estrategia.

En paralelo, los ministros Guzmán y Kulfas, a cargo de Desarrollo Productivo y el diálogo cotidiano con los protagonistas de la economía real, tendrán por tarea relanzar las mesas de discusión que este año perduraron hasta concluido el primer trimestre, y que fracasaron ante la imposibilidad de lograr acuerdos con los representantes empresariales para morigerar los márgenes de ganancia.

Esta vez, confían en que el reajuste de precios practicado en varias industrias, una vez liberados de las restricciones de movilidad que impedían ver una demanda agregada real, y la pasada ola de crecimiento en los precios internacionales de las commodities y otros insumos permita sentarlos a la mesa y lograr un compromiso formal.

La moderación que se le pide a los sindicalistas también será para los empresarios. La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a cargar contra los formadores de precios, al atribuir a su "codicia" la inflación. Lo hizo citando una declaración de la portavoz del gobierno estadounidense, que acusaba al afán excesivo de riquezas de las productores por el aumento de la carne en ese país, que terminará 2021 son suba de precios del 6,8%, la más en 40 años.

En el Gobierno, mientras tanto, saben que la reducción de la inflación de noviembre a 2,5% no durará más allá, a sabiendas que en diciembre se recalientan actividades que terminan engrosando el índice global. Por ello, apuestan los cañones al primer trimestre para, precisamente, morigerar expectativas y coadyuvar a desarticular el componente inercial.