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El Gobierno oficializó que, en el transcurso del cuarto trimestre de 2026, pondrá en marcha el programa “ciudadanía por inversión”. Según el Gobierno, el programa no solo habilitará a extranjeros a solicitar la ciudadanía argentina a cambio de dinero- u$s 350.000 al Tesoro o con la suscripción de un título público por u$s 800.000-, sino que busca acelerar la llegada de capitales.
“Hemos observado un fuerte interés internacional en la oferta de la Argentina desde el anuncio del Gobierno, pero todavía es demasiado pronto para cuantificar la demanda de manera significativa. El programa aún no está operativo, y su atractivo a largo plazo dependerá del marco final de implementación, la seguridad jurídica, una debida diligencia rigurosa y la eficacia con que, en última instancia, se lo administre”, respondió Henley & Partners, una consultora especializada en programas migratorios y de ciudadanía por inversión, a una consulta de El Cronista sobre el potencial de la iniciativa.
La consultora, señalada por el exembajador argentino en China, Diego Guelar, por un presunto conflicto de interés por haber asesorado al Gobierno para implementar el programa considera que el país ofrece una oportunidad muy atractiva porque sumaría “una opción directa de ciudadanía en una de las mayores economías de América Latina, junto con una sólida movilidad internacional y regional y el acceso al Mercosur”.
En este sentido, Mariano Sardans, CEO de FDI, una gerenciadora de activos y patrimonios con sede en Argentina y Uruguay planteó: “A este programa no vas a entrar para invertir en Argentina; vas a entrar para usar la ciudadanía argentina para hacer cosas en el resto del mundo. Si a partir de ahí también querés tener la residencia, fantástico, pero el programa está enfocado en eso”.
Por el contrario, Henley & Partners, que cuenta con más de 70 oficinas en todo el mundo, afirmó que, si se implementa con objetivos claros, el programa “podría canalizar capital internacional hacia la Argentina y generar un valor económico más amplio”, dados los mecanismos anunciados por el Gobierno nacional (aporte al Tesoro o suscripción a un título público específico).
“No es simplemente para otorgar un beneficio de movilidad al solicitante”, concluyó la firma.
Polémica detrás de la firma
El abogado Diego Guelar fue muy crítico del programa que impulsa el gobierno de Javier Milei. “La propuesta es peligrosa y marginal. La legislación argentina no exige requisitos de ciudadanía para invertir. Además, existe una Ley de Ciudadanía que solo puede modificarse por ley y no por DNU, por lo que seguramente será declarada inconstitucional y no ofrecerá ninguna seguridad jurídica”, aseguró en diálogo con El Cronista.
A modo de comparación, Guelar citó el caso de Estados Unidos, que a través del programa de visas EB-5 exige a los inversores por u$s 800.000 (u$s 1.050.000 en el caso general) en proyectos que generen al menos diez empleos de tiempo completo (incluye proyectos de infraestructura). Con la misma inversión, también acceden a la residencia el cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años. El esquema otorga la residencia permanente (green card), no la ciudadanía.
En su cuenta de X, el exembajador apuntó contra Henley & Partners,: “Ellos mismos se atribuyen haber asesorado al Gobierno… hay incompatibilidad”.
Consultados por este medio, desde Henley & Partners afirmaron que no tienen ningún contrato ni mandato remunerado con el Gobierno argentino, que no recibieron honorarios y que no tienen rol alguno en la administración del programa ni en la decisión de a quiénes se les otorga la ciudadanía.
“Nos hemos reunido con funcionarios argentinos y hemos compartido nuestra experiencia internacional y nuestra inteligencia de mercado, como hacemos con gobiernos y actores interesados de todo el mundo”, explicaron.
La firma dejó en claro que no tenía conocimiento previo de los términos finales anunciados el viernes 2 de octubre en el evento realizado en París, y agregó que el anuncio la tomó “por sorpresa”.
“Una vez que el Gobierno anunció formalmente los términos, actuamos con rapidez para actualizar a nuestros clientes y potenciales clientes con la información que se había hecho pública. También hemos sido claros desde el principio en que el programa aún no está operativo, que todavía no se pueden presentar solicitudes y que el marco final de implementación está pendiente de confirmación”, sostuvieron.
Detalles del proyecto
En el marco de la Argentina Week en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el programa permitirá a los extranjeros acceder a la ciudadanía mediante dos mecanismos: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por u$s 350.000 o suscribir un título público de u$s 800.000, creado específicamente para esta iniciativa.
Asimismo, el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría, también podrán sumarse al programa.
En el caso de cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de u$s 100.000 al Tesoro Nacional, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de u$s 25.000.
“Bajo este esquema, un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de u$s 500.000”, estima el Gobierno.
Cabe recordar que el régimen de ciudadanía por inversión surgió con el DNU 366/2025. Esa norma modificó la Ley de Ciudadanía 345, sancionada en 1869, con el objetivo de “lograr la radicación de capitales extranjeros en el país, y, en general, alentar la inversión directa extranjera”.
Los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y, según remarcó el Gobierno, se cumplirá con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, entre otros.
