Un inversor damnificado por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros nueve acusados.
A través de una presentación de 40 páginas rubricada por Juan Grabois y Nicolás Rechanik, la querella de Juan Patricio Marchetto pidió que se revoque la resolución judicial y continúe la investigación por la presunta estafa. El escrito también cuestionó cuestionó con dureza el accionar del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano.
La presentación se conoce tras la decisión adoptada el pasado viernes por el magistrado, quien dictó el sobreseimiento de los once imputados a instancias de la fiscalía, sin que ninguno de los involucrados fuera llamado previamente a prestar declaración indagatoria.
Pese a que fue apartado del rol de querellante -una decisión que actualmente se encuentra bajo revisión en la Cámara Federal de Casación Penal-, Marchetto impulsó el recurso bajo la figura de “pretenso querellante”, al considerar que tiene derecho a recurrir una decisión que podría cerrar definitivamente el expediente.
En el escrito, el inversor sostiene que Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones” al fundamentar su resolución, realizó una “valoración fragmentaria” de las pruebas y recurrió a una “fundamentación aparente” para justificar los sobreseimientos.
Uno de los pilares de la apelación cuestiona la lógica del sobreseimiento, al señalar que el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de delito. Según el escrito, el juez concluyó que los hechos investigados no encuadraban en ninguna figura penal cuando, según el recurrente, todavía quedaban medidas de prueba pendientes para determinar lo ocurrido.
La apelación apunta también directamente contra el fiscal Eduardo Taiano, a quien la querella le reprochó demoras en la producción de pruebas, la falta de citación de testigos y la decisión de solicitar el cierre de la investigación pese a que todavía restaban ejecutarse diligencias que la propia Fiscalía había calificado como necesarias para la causa.
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, aseguró el damnificado en su presentación.
Entre las pruebas que consideró necesarias, el escrito destacó los cruzamientos de llamadas entre Milei y el empresario Mauricio Novelli. El apelante enfatizó que estas conversaciones ocurrieron inmediatamente antes de la publicación del 14 de febrero de 2025, mediante la cual el presidente dio difusión pública al criptoactivo.
Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó tres llamadas al Presidente y recibió otra del mandatario en los minutos anteriores a la publicación del mensaje en la red social X. En simultaneo, la presentación destacó que apenas unos segundos antes de que Milei difundiera el código de compra de $LIBRA, se ejecutaron 87 operaciones desde 74 billeteras virtuales por un volumen cercano a los u$13,5 millones.
A criterio del apelante, este entramado de datos no puede evaluarse de forma aislada. Sostuvo que la Justicia debió determinar si existió alguna coordinación entre los organizadores del lanzamiento del criptoactivo, las operaciones financieras previas y la intervención del Presidente en su difusión.
El recurso cuestiona además que no se hayan profundizado las investigaciones sobre el destino de los fondos y reclama completar las pericias sobre dispositivos electrónicos vinculados con otros protagonistas del caso.
Otro de los puntos controvertidos es la situación procesal del propio apelante, quien fue excluido como querellante por decisión de Martínez de Giorgi, posteriormente confirmada por la Cámara Federal.
Esa exclusión todavía está bajo revisión de Casación, por lo que Marchetto invocó su condición de “pretenso querellante” para presentar el recurso antes de que los sobreseimientos queden firmes. La admisibilidad de la apelación dependerá de que se reconozca su legitimación para recurrir, una cuestión que todavía no está resuelta.