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El sistema previsional argentino opera con reglas de 1993 mientras la demografía lo desborda. En 1914, cuando nacieron las primeras cajas jubilatorias, solo el 4% de los argentinos tenía más de 60 años. Hoy ese porcentaje llega al 16% y en 2050 superará el 26%. El sistema jubilatorio, sin embargo, no se tocó en más de un siglo.
El último informe del IDESA (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) encendió una nueva alarma sobre la sustentabilidad del sistema previsional. La fotografía es contundente: la expectativa de vida al llegar a los 60 años pasó de 15 a 25 años adicionales, pero la edad de retiro permanece anclada al mismo umbral de hace un siglo.
El sistema acumula hoy 7 regímenes especiales nacionales, más de 100 regímenes diferenciales, 13 cajas provinciales, 29 municipales y 82 profesionales. IDESA advierte que el “inmovilismo” político sostenido con el argumento de los “derechos adquiridos” y la “solidaridad con los abuelos” tiene consecuencias fiscales cada vez más graves.
El Gobierno de Javier Milei prometió al FMI una reforma previsional integral. El compromiso fija como plazo diciembre de 2026 para presentar al menos un diagnóstico del sistema de pensiones. La propuesta más polémica que circula en el Palacio de Hacienda es llevar la edad jubilatoria a 70 años de manera gradual: 66 para hombres y 62 para mujeres en 2027, convergiendo en 70 para ambos sexos en 2030.
Sin embargo, en la mesa política del Gobierno reconocen que la reforma previsional recién podría enviarse al Congreso en un eventual segundo mandato.
El acuerdo con el FMI establece que la reforma deberá “simplificar el sistema hiper fragmentado y mejorar la relación de proporcionalidad entre las contribuciones y los beneficios”. El gasto previsional en Argentina representa hoy cerca del 9% del PBI, según CIPPEC.
El debate previsional se da en un contexto de alta tensión política. El Gobierno mantiene congelado el bono extraordinario para jubilados y la fórmula de movilidad se aplica por DNU desde 2024. Según datos del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, hoy 5 millones de personas cobran la jubilación mínima y 1 millón accede solo a la PUAM. El 85% de quienes llegan a la edad jubilatoria no completa los 30 años de aportes requeridos.
Otro ejemplo que da una muestra del escenario que se enfrenta es que el PAMI fue creado en 1971 y nunca fue adaptado a los cambios demográficos. La principal fuente de financiamiento del PAMI es un aporte del 5% del salario de los activos, igual que hace más de medio siglo, cuanto la proporción de adultos mayores era sustancialmente más baja.
Las voces del debate
Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei viene marcando límites claros a cualquier intento de cambio inmediato. “Solamente se puede encarar seriamente cuando uno recompone el mercado de trabajo, sino es mentirle a la gente”, sostuvo en reiteradas oportunidades entre 2025 y 2026. En esa línea, el Gobierno condiciona cualquier reforma a una mejora previa en el empleo formal y no prevé avanzar antes de un eventual segundo mandato.
En la vereda opuesta, economistas cercanos a la oposición dialoguista plantean la necesidad de anticiparse al problema. Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía, advirtió que “el sistema actual se rige por parámetros diseñados para una realidad demográfica que ya no existe”. Entre sus propuestas, sugirió elevar gradualmente la edad jubilatoria y avanzar hacia un esquema de ingreso universal para la vejez.
El diagnóstico también empieza a permear en el sindicalismo, aunque con matices. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, reconoció que “probablemente sea una discusión que haya que dar”, al tiempo que subrayó que el aumento de la expectativa de vida obliga a revisar los parámetros actuales. Sin embargo, desde la central obrera mantienen una fuerte crítica al contexto económico.
Cristian Jerónimo, también cosecretario de la CGT, planteó en el acto del 1° de mayo un panorama más urgente: “Lo vemos en cada fábrica que baja su producción, cada comercio que baja su persiana, cada trabajador que pierde su poder adquisitivo y cada jubilado que tiene que elegir entre comer o comprar su medicamento”. Según la central, los haberes previsionales acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40% desde 2017.
En el plano político, sectores del kirchnerismo y aliados sindicales apuntan al rumbo económico general. En un documento difundido por la CGT, se cuestionó que “solo se privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera”, mientras la inflación continúa erosionando salarios y jubilaciones.
Un sistema bajo presión
Más allá de las diferencias, hay un punto de consenso creciente: el sistema previsional argentino fue diseñado para una estructura poblacional que ya no existe. Las edades de retiro —60 años para mujeres y 65 para varones— se mantienen prácticamente sin cambios desde hace décadas, mientras la longevidad aumentó de manera sostenida.
A esto se suma la fragmentación del esquema, con múltiples regímenes especiales y diferenciales que introducen inequidades y complejidad administrativa.
Especialistas advierten que sostener el statu quo implica riesgos crecientes: deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones, mayor presión fiscal o recortes en la cobertura de salud. En ese marco, algunas propuestas apuntan a sistemas más flexibles, como esquemas de cuentas nocionales que ajusten los beneficios a la expectativa de vida y a los aportes realizados.
El desafío no es menor. Adaptar el sistema previsional a la nueva realidad demográfica implica decisiones políticamente sensibles, pero postergarlas podría profundizar los desequilibrios. Con una población que envejece aceleradamente, el tiempo aparece como un factor cada vez más escaso.