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La compraventa de inmuebles desde el pozo es una modalidad que ha crecido significativamente en los últimos años en Argentina, como una manera de preservar el valor del ahorro y realizar una inversión, pero no existe una regulación específica.
En ese contexto, se presentó en Diputados un proyecto de ley para llenar este vacío legal que apunta a la creación de la Ley de Protección al Consumidor en Desarrollos Inmobiliarios en Pozo con la intención de garantizar mayor transparencia, seguridad financiera y cumplimiento en la entrega de viviendas adquiridas bajo esta modalidad.
En el texto trabajado por el diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, se apunta a establecer un "régimen de protección para los consumidores que adquieren inmuebles en desarrollo o en pozo por parte de desarrolladores privados, garantizando la transparencia, el uso adecuado de los fondos percibidos y la responsabilidad en la ejecución y entrega de las obras".
Entre las obligaciones de los desarrolladores señala que "deberán destinar los fondos percibidos de los compradores exclusivamente a la ejecución de la obra comprometida incluyendo costos operativos de funcionamiento y márgenes de ganancia, quedando expresamente prohibido destinar aportes para otros proyectos, en las condiciones que establezca la reglamentación". Es decir que lo que se va pagando para determinado proyecto, solo puede ir exclusivamente para ese uso y no para otros asuntos que esté manejando la empresa desarrolladora.
Una de las dificultades que se sumaron además es el encarecimiento del precio del metro cuadrado para construir, lo que complica de manera financiera a las constructoras y pone en alerta los emprendimientos. El aumento en el costo por metro cuadrado de construcción entre 2023 y 2025 ha sido significativo, impulsado por la inflación en pesos, la estabilidad del dólar y los ajustes salariales. Esto ha afectado la rentabilidad de los desarrolladores inmobiliarios y ha generado preocupación entre constructores y propietarios en etapa de obra.
El proyecto legislativo apunta también a la creación de un registro nacional de desarrolladores inmobiliarios, con la posibilidad de una inscripción gratuita por medios digitales para facilitar los trámites.
Aquellos desarrolladores que registren "demoras considerables" en la entrega de proyectos no podrán iniciar nuevas ventas en pozo hasta regularizar la situación. Además, dispone la contratación de un "seguro de caución o constituir un fondo de garantía equivalente al monto total de los anticipos recibidos de los compradores, destinado a asegurar la devolución de dichos anticipos en caso de incumplimiento en la entrega de las unidades".
Con respecto a los consumidores, establece penalidades por demora para garantizar sus derechos, con una multa diaria equivalente al 0.1% del valor total del contrato, hasta un máximo del 10% del mismo.
El escenario que preocupa
El caso de la empresa cordobesa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista es un ejemplo de posibles complicaciones que se repiten en todo el país.
El 9 de mayo de 2025, el Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba declaró su quiebra como "quiebra pedida compleja", por la cantidad de juicios civiles y denuncias penales en su contra. La firma recibía aportes de clientes con la promesa de construir sus viviendas, pero jamás cumplía. Mientras tanto, crecía en rubros ajenos como salud, eventos y hasta canchas de polo.
Se estima que más de 4.000 personas fueron afectadas en Córdoba y otras provincias. La empresa dejó de pagar sueldos en febrero de 2025 y acumulaba deudas con arquitectos y profesionales. Además, se detectaron bienes de los responsables en el exterior, incluidos hoteles en Miami. Este caso, lejos de ser único, pone en jaque la confianza y genera temor entre quienes sueñan con su casa propia mediante estos sistemas de ahorro.