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El Poder Ejecutivo publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 409/2026, que reglamenta el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) previsto en la Ley de Modernización Laboral 27.802. La norma habilita a los empleadores del sector privado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas a cambio de una condonación parcial de la deuda acumulada, la extinción de la acción penal y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Es el segundo intento del gobierno de Javier Milei en menos de dos años para atacar un problema estructural. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, al cierre de 2025 había 13,5 millones de personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos relevados, y de ese total, 5,8 millones, es decir, casi el 43%, trabajaba en condiciones de informalidad laboral.
Quiénes pueden adherirse al nuevo régimen
El Decreto 409/2026 alcanza a empleadores del sector privado con trabajadores en negro o mal registrados, ya sea por fecha de ingreso incorrecta o por remuneración declarada inferior a la real, cuyas relaciones laborales se hubieran iniciado hasta el 6 de marzo de 2026. Quedan excluidos el personal de casas particulares, cuyos trabajadores tiene su propio régimen especial, y la administración pública.
Por otro lado, el porcentaje de quita sobre la deuda de aportes y contribuciones varía según el tamaño de la empresa:
- Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro acceden a una condonación del 90% de la deuda;
- las medianas empresas obtienen una quita del 80%;
- las grandes empresas del 70%.
Asimismo, las deudas vinculadas con obras sociales, riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio quedarán condonadas en un 100%.
Según informó la resolución oficial, el saldo remanente podrá abonarse mediante planes de facilidades de pago o al contado con una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses no alcanzados por la condonación.
La regularización de las relaciones laborales produce la extinción de la acción penal cuando corresponda, la baja del REPSAL respecto de las infracciones alcanzadas, la condonación de deuda por aportes, contribuciones e intereses, y el reconocimiento del período regularizado como tiempo de servicio para determinados beneficios de la seguridad social.
Por lo tanto, la baja del REPSAL es relevante para empresas que enfrentan restricciones para contratar con el Estado o acceder a programas públicos por sanciones laborales previas.
Regularización de trabajadores en negro: por qué se implementó
La informalidad muestra una marcada brecha de género, la cual afecta al 44,5% de las mujeres frente al 41,8% de los varones, es especialmente marcada en los extremos de la vida laboral.
En el segmento de jóvenes de hasta 29 años supera el 58%, mientras que en los adultos mayores de 65 años que permanecen activos escala hasta el 61,6%. En las empresas de hasta cinco trabajadores, la informalidad trepa al 69,5%.
En ese sentido y, según el Gobierno, la medida apunta a eliminar obstáculos económicos que muchas empresas enfrentan al momento de registrar personal que permaneció durante años fuera del sistema formal.
Este decreto se enmarca en la Ley de Modernización Laboral 27.802, promulgada el 6 de marzo de 2026 con las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
El antecedente: qué pasó con el primer blanqueo
No es la primera vez que se ensaya este mecanismo, ya que la Ley Bases de 2024 ya había incluido un esquema similar, aunque menos exitoso.
Durante los tres meses que estuvo habilitado el trámite. entre fines de septiembre y fines de diciembre de 2024, adhirieron apenas 1.950 empleadores y regularizaron la situación de solo 16.703 trabajadores sobre un universo estimado de 5,4 millones de asalariados no registrados, es decir, el 0,3% del total.
En tanto, una cuestión que atentó contra una regularización más amplia es que, además de los incentivos para blanquear, la misma ley 27.742 eliminó sanciones que existían por no regularizar. De esta forma si bien se crearon incentivos para regularizar, por otro lado se eliminaron las sanciones por no regularizar, lo que diluyó el efecto buscado.
El decreto entró en vigencia el mismo día de su publicación, pero la adhesión efectiva requiere que ARCA emita la normativa operativa que establezca los plazos, los sistemas de declaración y las modalidades del plan de facilidades de pago. El Decreto 409/2026 dispone que ARCA deberá implementar ese plan, pero aún resta que el organismo reglamente los aspectos operativos del régimen. Hasta tanto ese instrumento no se publique, los empleadores no pueden iniciar el trámite.
Las críticas a la medida de Blanqueo Laboral
Los cuestionamientos al régimen apuntan en dos direcciones. Por un lado, especialistas y organizaciones de trabajadores señalaron que el blanqueo solo reconoce una parte de la historia laboral real de quienes llevan una década o más en la informalidad. Por otro, la experiencia del primer blanqueo instaló dudas sobre si el esquema de incentivos es suficiente sin una contracara coercitiva, ya que mientras que por un lado se ofrecen beneficios fiscales para regularizar relaciones laborales, por el otro no existe ya la presión de multas y sanciones que históricamente castigaban el empleo no registrado.