La Argentina se abstuvo este jueves en la votación de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre un proyecto contra las formas contemporáneas de colonialismo, una decisión que abrió cuestionamientos por su vínculo con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El texto, impulsado por Rusia, obtuvo 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones.
La Cuarta Comisión es el ámbito de Naciones Unidas que trata los asuntos políticos especiales y la descolonización. El proyecto, identificado como A/C.4/81/L.5 y titulado “Abordar las formas contemporáneas de colonialismo”, quedó en condiciones de pasar al plenario de la Asamblea. Brasil, Uruguay, México, Sudáfrica e India lo respaldaron. La Argentina optó por la abstención, en línea con la posición de Estados Unidos y de otros gobiernos de la región.
Detrás de la decisión hubo un motivo puntual para el Gobierno: el punto 2 del proyecto, que ubica a las medidas económicas, financieras y comerciales unilaterales entre las expresiones actuales del colonialismo.En el Gobierno creen que esa definición podía darle al Reino Unido un argumento para presentar las sanciones argentinas contra las petroleras que operan en Malvinas como una práctica colonial, en el momento de mayor tensión bilateral por el proyecto Sea Lion.
El texto “reconoce que el colonialismo persiste en formas y prácticas contemporáneas en las relaciones entre Estados y enumera las vías por las que puede expresarse: el recurso a medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajusten al derecho internacional y a la Carta de la ONU; la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado; la injerencia en asuntos internos; los intentos de imponer modelos sociales, económicos y políticos de desarrollo; la explotación económica en violación de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, y las restricciones externas al acceso a mercados, servicios y tecnologías”.
Desde fines de septiembre, el Gobierno desplegó una serie de medidas contra el proyecto petrolero que llevan adelante Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte: inició procesos penales contra ambas compañías, solicitó a Interpol notificaciones rojas contra personas vinculadas al emprendimiento y logró que la estadounidense Halliburton confirmara que ninguna de sus filiales prestará servicios al proyecto.
La aclaración del texto, que solo considera coloniales a las medidas contrarias al derecho internacional, no despejaba el riesgo, porque la legalidad de esas sanciones es justamente lo que Londres discute.
El mismo punto, sin embargo, incluye un elemento que la Argentina utiliza en su propio reclamo: la explotación económica en violación de la soberanía permanente sobre los recursos naturales, que es la base del planteo contra Sea Lion. Aun así, primó la lectura sobre el uso que el Reino Unido podía hacer de la primera parte del párrafo y, para no ponerse a favor ni en contra, terminó optando por la abstención.
El factor Estados Unidos
La abstención también evitó un choque con Washington. El mismo punto 2 que generaba inquietud por Malvinas apunta contra una de las herramientas centrales de la política exterior estadounidense: las sanciones económicas unilaterales, que Estados Unidos aplica sobre países como Rusia, Irán o Cuba. Un voto afirmativo habría puesto a la Argentina detrás de un texto ruso que califica de colonial esa práctica, en la misma semana en la que Milei volvió de una visita de tres días a Washington.
Este viernes, al día siguiente de la votación, el Presidente mantuvo desde Olivos una conversación telefónica de media hora con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Marco Rubio.
Según el comunicado de la Oficina del Presidente, ambos conversaron sobre la profundización de la alianza estratégica, analizaron oportunidades para ampliar el comercio y las inversiones y coincidieron en la importancia de consolidar un entorno regional de estabilidad que fortalezca la confianza de los inversores y permita a la Argentina integrarse a las cadenas globales de valor. Ni ese texto ni el que difundió el Departamento de Estado mencionaron Malvinas.
La relación con Washington es, a la vez, una de las principales apuestas del Gobierno en la disputa por las islas. El 31 de agosto, Trump dijo en el Despacho Oval que no descartaba revisar la neutralidad estadounidense sobre la soberanía del archipiélago: “Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas”.
Según el diario británico The Daily Telegraph, esa revisión funcionaba como una herramienta de presión para que el Reino Unido acelere el aumento de su gasto en defensa hacia la meta del 5% del PBI que impulsa la administración republicana. En septiembre, Trump evitó garantizar el respaldo de su país a Londres ante un eventual conflicto por las islas, en medio de sus reproches al Reino Unido por la falta de apoyo en la guerra con Irán, y se ofreció a “resolver” la disputa si las partes se lo pedían.
Milei presentó esas declaraciones como una señal favorable en la cadena nacional que dedicó a Malvinas y las vinculó con el alineamiento argentino con Washington. Las señales, sin embargo, no se tradujeron en un cambio formal.
Estados Unidos reconoce la administración de facto británica sobre las islas sin pronunciarse sobre la soberanía, y el Departamento de Estado ratificó en abril esa neutralidad. Con la escalada por Sea Lion, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, pidió el 1 de octubre que ambos países bajen la tensión y evitó tomar posición sobre la soberanía. Washington mantiene con Londres vínculos militares, de inteligencia y económicos que pesan en cualquier redefinición.
En ese escenario, la abstención tuvo un doble efecto: cuidó la relación con un aliado que todavía no se definió sobre Malvinas y evitó dejar en manos de Londres un argumento multilateral contra las sanciones argentinas. El costo fue el contraste con la posición que la propia delegación había expuesto dos semanas antes en la misma comisión.
Las críticas y el antecedente del 1 de octubre
El Gobierno no explicó en público el sentido de su voto, y la abstención abrió cuestionamientos de la oposición. El principal eje de las críticas fue el contraste con la posición que la propia delegación argentina expuso el 1 de octubre en la misma comisión, cuando reafirmó su compromiso con la eliminación del colonialismo “en todas sus formas y manifestaciones” y definió el caso de Malvinas como una situación colonial “especial y particular”.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, vinculó la decisión con el alineamiento del presidente Javier Milei con la administración de Donald Trump. “La Cuestión Malvinas merece una diplomacia que no esté de rodillas”, dijo Bianco, que recordó que el proyecto reafirmaba la Resolución 1514 de 1960, la declaración sobre la independencia de los países y pueblos coloniales.
De ese texto se desprende la Resolución 2065 de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas e insta a la Argentina y al Reino Unido a negociar.
El diputado nacional Nicolás Trotta presentó el proyecto 4576-D-2026 para citar a Quirno al Congreso y exigir explicaciones sobre la política exterior respecto de Malvinas. La votación del jueves, de todos modos, no se refería a la soberanía de las islas, que tiene su propio tratamiento en el Comité Especial de Descolonización.
El origen del proyecto también explica la división del resultado. Rusia impulsa desde 2024 una agenda sobre el colonialismo “en todas sus formas” junto al llamado Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas: ese año logró la aprobación de una resolución con 113 votos a favor, ninguno en contra y 63 abstenciones, y en 2025 consiguió que la Asamblea declarara el 14 de diciembre como Día Internacional contra el Colonialismo en Todas sus Formas y Manifestaciones.
En cada instancia, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales cuestionaron la iniciativa por la invasión rusa a Ucrania, y el jueves varios oradores volvieron a objetar la credibilidad de Moscú para presentar el texto.