El gobierno apuesta a la diplomacia del "amigo malo". Así lo dejó plasmado anteriormente con su posición ambigua en la crisis de Venezuela y ahora el canciller Santiago Cafiero ratificó este rumbo en la decisión de Argentina de "no injerencia" en las elecciones fraudulentas de Nicaragua aunque alertando en paralelo sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega.

Unas horas después de los comicios de Nicaragua que ungieron por quinta vez consecutiva a Ortega como presidente en un proceso electoral donde casi no hubo participación de líderes opositores y hay denuncias internacionales de fraude, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que estableció: "mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones".

A la vez, el canciller Cafiero destacó que el gobierno de Alberto Fernández entiende que la "democracia supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones. Debemos acompañar al pueblo de Nicaragua para que cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática". Y párrafo seguido planteó su "preocupación" ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el gobierno nicaragüense "vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población".

La posición de la Argentina ante el caso de Nicaragua deja al gobierno alineado a países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Rusia. Es decir, gran parte del eje de regímenes de izquierda cuestionados por llevar adelante políticas poco adeptas a las libertades y la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, allegados al canciller Cafiero explicaron a El Cronista que la estrategia de la Argentina es jugar el rol de "amigo malo" de Nicaragua o de Venezuela. Es decir, no intervenir en sus procesos electorales por más que estén viciados de irregularidades pero no por ello dejar de denunciar la violación de derechos humanos.

Así lo estableció la misma Cancillería al "apoyar con firmeza" el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua.

Ese informe de la ONU menciona graves casos arresto de líderes opositores a Ortega, violaciones a los derechos humanos y casos de tortura. La Argentina dejó sentado que hay un "llamado de atención" a Ortega y por ello retiró en junio pasado de Managua al embajador argentino, Mateo Capitanich, al igual que lo hizo México.

En esta misma línea de "amigo malo", el gobierno cree que es mejor mantener un diálogo con el régimen de Ortega para disuadirlo de su posición autoritaria antes que avanzar en "bloqueos físicos y financieros que sólo llevan a agravar el sufrimiento de su pueblo", según reveló un funcionario cercano al canciller Cafiero.

No obstante, por el momento no hay ni habrá diálogo directo entre el régimen de Ortega y el presidente Alberto Fernández. Pero esta es la estrategia diplomática que se impone hoy en Argentina y que fomenta en las sombras Cristina Kirchner.

Con esta tesitura de la Argentina la administración de Alberto Fernández vuelve a exponer la fórmula que ensayó para Venezuela. Es decir, se aleja de las posiciones extremas como las del Grupo Lima que alertan en la OEA la violación a los derechos humanos y reclaman bloqueos económicos al régimen de Nicolás Maduro para que reinstale el sistema democrático.

Para la Argentina el camino de la "presión económica y mediática" no es una solución a la crisis de Nicaragua ni la de Venezuela. Prefieren la diplomacia de la disuasión aunque sea más controvertida, lleve más tiempo y quede bajo la lupa de Europa o Estados Unidos.

De hecho, ayer, el gobierno estadounidense de Joe Biden cuestionó a los países que no condenaron los controvertidos comicios en Nicaragua, como es el caso de Argentina. Y alertó que estos deberían dar explicaciones ya que el resto denunció que las elecciones carecen de legitimidad y es claro que el proceso electoral fue "una farsa". Así lo dejó plasmado Roberto Zuniga, secretario adjunto del Departamento de Estado estadounidense para la región, quien calificó de "dictadura dinástica" al régimen de Ortega y evaluó que analizan sanciones a funcionarios.

Desde el gobierno argentino no habrá respuesta alguna Washington por esto. tampoco dirán nada sobre la denuncia de la ONG Human Rights Watch (HRW), que ayer cuestionó a Alberto Fernández por la postura ante Nicaragua a la que tildó de "un disparate"