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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con una nueva medida de simplificación administrativa que elimina uno de los requisitos que hasta ahora complicaban la habilitación de depósitos fiscales.
El cambio forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei y se suma a recientes medidas del SENASA que avanzan en una dirección similar: reducir la superposición de controles entre organismos nacionales, provincias y municipios.
Desde ARCA explicaron a El Cronista que la resolución se apoya en el espíritu del DNU 70 de 2023, que planteó como objetivo “reconstruir la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones que impidan su normal desarrollo, así como de la adopción de medidas que promuevan una mayor inserción en el comercio mundial”.
Qué cambia con la nueva resolución de ARCA sobre los depósitos
La modificación impacta específicamente sobre el trámite de habilitación de depósitos fiscales, es decir, los espacios donde se almacena mercadería bajo control aduanero antes de su exportación o nacionalización.
Hasta ahora, para habilitar uno de esos depósitos, la Aduana podía exigir documentación municipal como parte de los requisitos administrativos. El problema, según explican desde el organismo, era que no existía un criterio uniforme entre municipios.
“Antes había una habilitación municipal como uno de los requisitos para habilitar. Ahora se eliminó ese requisito y se le pide una declaración jurada al dueño del depósito fiscal”, señalaron desde ARCA a El Cronista.
La medida reemplaza entonces la exigencia documental municipal por una declaración jurada presentada por el titular del depósito, simplificando el circuito administrativo nacional.
Desde el organismo remarcaron además que el cambio no afecta el procedimiento de exportación en sí mismo, sino exclusivamente la instancia de habilitación aduanera de estos espacios logísticos.
“No tiene que ver con el procedimiento de exportación. Esto es para habilitar un depósito fiscal”, aclararon.
Qué son los depósitos fiscales y por qué son importantes
Los depósitos fiscales son instalaciones autorizadas por la Aduana para almacenar mercadería bajo control aduanero. Funcionan como nodos centrales de la logística de comercio exterior y son utilizados por:
- importadores,
- exportadores,
- operadores logísticos,
- terminales de carga,
- couriers,
- y despachantes de aduana.
Por eso, aunque la resolución no modifica directamente exportaciones o importaciones, sí puede tener impacto sobre tiempos administrativos, costos operativos y habilitación de nuevos operadores logísticos.
En la práctica, el Gobierno busca evitar que un trámite nacional dependa de requisitos municipales que pueden variar de una jurisdicción a otra.
“En algunos lugares había un requisito municipal que además no tenía el mismo criterio en todos los municipios. Eso se eliminó desde Aduana”, explicaron desde ARCA.
La lógica oficial es separar competencias: que los municipios mantengan sus controles locales, pero que esos permisos no funcionen como condición previa dentro de trámites nacionales.
El SENASA, en el mismo camino
La decisión de ARCA no aparece aislada. Días atrás, el SENASA también avanzó en una flexibilización similar al dejar de exigir habilitaciones municipales y provinciales en distintos registros y trámites nacionales vinculados a establecimientos agroindustriales, laboratorios y operadores sanitarios.
Según el propio organismo, el problema era que la exigencia de habilitaciones locales dentro de trámites nacionales generaba “duplicidad de requisitos y documentación”, además de incorporar condicionamientos ajenos a los objetivos sanitarios del SENASA.
La resolución del organismo sanitario alcanza gestiones vinculadas a:
- establecimientos avícolas,
- predios feriales,
- empresas de productos veterinarios,
- laboratorios,
- terminales de carga,
- y certificaciones sanitarias, entre otras actividades.
En muchos casos, los operadores debían presentar permisos municipales, certificados de uso de suelo o habilitaciones locales para avanzar en registros nacionales.
Además, el SENASA sostuvo que la heterogeneidad de los regímenes municipales dificultaba estandarizar criterios a nivel nacional y terminaba agregando costos administrativos tanto para el Estado como para privados.
El objetivo: reducir “costos invisibles” y superposición burocrática
El trasfondo económico de las medidas aparece asociado a lo que en el sector privado suelen llamar “costos invisibles”: tiempos administrativos, duplicación documental, validaciones cruzadas y requisitos burocráticos que no forman parte del proceso productivo, pero impactan sobre competitividad y costos operativos.
Federico Sturzenegger celebró la resolución de SENASA y sostuvo que el objetivo es “separar los trámites nacionales de los municipales”, evitando duplicaciones y discrecionalidad regulatoria.
La coordinación entre organismos también empieza a verse en aspectos más técnicos. Entre los cambios introducidos por SENASA aparece, por ejemplo, la incorporación de requisitos vinculados directamente a la Dirección General de Aduanas para determinadas terminales de carga.
Sin embargo, tanto ARCA como SENASA aclaran que las medidas no eliminan las obligaciones locales ni los controles sanitarios o de funcionamiento. Los operadores seguirán necesitando cumplir con normativa municipal o provincial cuando corresponda.