Aprobaron un aumento extra del 7,2% a jubilados y la vuelta de la moratoria, pero el Gobierno anticipa el veto

La oposición de la Cámara de Diputados aprobó en general con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones un proyecto incremento para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y restituyó la moratoria previsional con 111 votos a favor, 100 negativos y 15 abstenciones.

El presidente Javier Milei denunció que esta iniciativa atenta contra el déficit fiscal y el Gobierno ya anticipó que lo vetará, de prosperar en el Senado: ¿está el tercio para sostenerlo? La clave está en los 29 ausentes.

En un tuit poco después del veredicto de la Cámara baja, fue terminante sobre el futuro de los proyectos si consiguen también el visto bueno del Senado. "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit", posteó el mandatario.

Los proyectos que se aprobaron

Luego de ocho horas de debate, con trabas reglamentarias de por medio sobre la comisión investigadora del LIBRA, se resolvieron distintas cuestiones vinculadas al sistema previsional que ahora deberán pasar al Senado.

En primer lugar, se aprobó un aumento del bono congelado de $70.000 que cobran los titulares de la mínima desde marzo del 2024: ahora, este será de $110.000, con una actualización mensual por IPC.

Esto fue votado junto a un incremento excepcional del 7,2% que corresponde al empalme de enero del 2024: se trata de una nueva versión del famoso 8,1% que vetó el Presidente el año pasado, solo que se cambió el porcentaje tras un nuevo relevamiento estadístico (el 8,1 de ese entonces tuvo error de cálculo, según explicaron los diputados).

A su vez, la Cámara Baja fijó con fuerza de ley la ratificación de la movilidad jubilatoria por actualización por IPC mes a mes, que hasta ahora estaba dispuesta solo por DNU.

Según los autores opositores, el proyecto representa un costo del 0,55% del PBI. El capítulo de financiamiento, a su vez, contempla que para esto se le ajuste el presupuesto de los $32.616 millones a los fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), se elimine la excepción al IVA que tienen los directores de empresas, la eliminación de sobrecargos a intereses del empréstito con Monetario Internacional (FMI) en el octubre del 2024 y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Dentro de este proyecto también se contempló un artículo sobre las Cajas Previsionales para que la ANSES le transfiera antes del 20 de cada mes a las provincias que adeudan con Nación sus regímenes, en concepto de anticipo mensual equivalente a una doceava parte del déficit del último año.

Se trata del agujero fiscal más grande de todos los proyectos y que, según el Gobierno, por sí solo representa un 0,5% del PBI. La oposición sostiene que ese número es inexacto porque se contempla que la transferencia sea solamente para las provincias que cumplan con el requisito que piden las auditorías, y no es el caso de las 13 deudoras -serían solo Córdoba y Entre Ríos-.

El reclamo histórico de las provincias entró también en el proyecto vetado del año pasado y volvió a ponerse sobre la mesa por presión del cordobés Martín Llaryora, quien tiene a sus alfiles en el bloque de Encuentro Federal, del cual desprendió el dictamen a cargo del diputado Nicolás Massot. Esto fue finalmente incorporado por la miembro informante Victoria Tolosa Paz en el proyecto en conjunto.

Por otra parte, se aprobó la restitución de la moratoria vencida en marzo de este año ("prórroga de dos años") que planteaba Unión por la Patria y, por tanto, se descartó el régimen que planteaban los "dialoguistas" para que se disponga de una prestación proporcional a la cantidad de años de aportes. Los convocantes de EF y DPS se abstuvieron porque ellos impulsaban la segunda alternativa, que no era compatible.

¿Siguen existiendo los "héroes"?

Por esto, y por el alto costo fiscal de las medidas, es que el Presidente decidió volver a vetarlas. La gran pregunta que se avecina, dado que en el Senado el arco opositor facilitaría una rápida aprobación de estas iniciativas, es si Milei mantiene los "87 héroes" que el año pasado lo ayudaron a blindar los vetos.

"Acá cobran los jubilados o cobran los gobernadores", definió tajante un diputado opositor ante El Cronista, al reconocer que antes del cierre de listas nacionales en agosto difícilmente haya mandatarios provinciales dispuestos a ponérsele en contra a los libertarios.

Pero lo clave es que, incluso los gobernadores "aliados" del Gobierno le soltaron la mano al Presidente, incluyendo a los tres tucumanos de Osvaldo Jaldo que desde el bloque Independencia venían, hasta ahora, votando todo en coincidencia con los libertarios. Votaron a favor de ambos proyectos, junto con la sanjuanina Nancy Picón Martínez del bloque Producción y Trabajo. Sorprendieron también las salteñas de Innovación Federal Pamela Caletti y Yolanda Vega.

Esto se suma al volantazo de Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Carlos Sadir (Jujuy) que desde el quórum se mostraron del lado opositor. Sus alfiles no votaron a favor de la restitución de la moratoria, aunque sí para el aumento en las jubilaciones.

Por su parte, los aliados del radicalismo y el PRO -que en su momento ayudaron a blindar los vetos- se mantuvieron en su mayoría en contra, pero hubo fisuras considerables en las abstenciones y ausencias que pueden bloquear el tercio de Milei: entre ellos, 9 abstenciones y 4 ausencias fueron del bloque amarillo -la división se marca entre los macristas y los más afines a Milei-, y otras 9 abstenciones y 1 ausente de la UCR.

Un dato: de los 5 "radicales con peluca" que el año pasado fueron a comer asado en Olivos, dos se ausentaron: el tucumano Mariano Campero y Martín Arjol (los demás votaron en contra).

Discapacidad, Garrahan, universidades, ¿y LIBRA?

Además, sobre el fin de la sesión se aprobó la declaración de emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. 143 diputados votaron en verde, contra otros 71 en rojo y 3 abstenciones.

Como punto principal, la propuesta que ahora pasará al Senado incluye un aumento de las pensiones contributivas por invalidez, hoy en $ 213.000 por mes. Además, se busca su compatibilidad con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos.

También se incorporaron emplazamientos de comisiones para tratar proyectos vinculados al conflicto del Hospital Garrahan y otra ley para aumentar el presupuesto universitario.

Quedó en el tintero el debate por la comisión investigadora de LIBRA, que le mereció dos horas y media de traba y un cuarto intermedio apenas comenzada la sesión. Un empate 14 a 14 de los integrantes de la oposición y el oficialismo no permite que se designe a las autoridades y, tras intentar votar a su presidente en la Cámara, finalmente acordaron convocar a la comisión nuevamente el miércoles que viene para rediscutirlo.