El decreto anunciado por el presidente Mauricio Macri para reducir en un 25% los cargos políticos en el Estado Nacional y excluir del Gobierno a familiares de ministros provocó ayer las primeras renuncias, aun antes de entrar en vigencia.
Dos hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad; y el hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos, corrieron ayer a presentar sus dimisiones ante la disposición presidencial, que entrará en vigencia dentro de un mes. Otros familiares de funcionarios, sin embargo, se salvarán de la medida, que sólo alcanza a parientes de ministros hasta segundo grado de consanguinidad.
Así, quedarán incluidos en la redacción del decreto, según el anuncio oficial, cónyuges, hijos, padres y madres, abuelos, hermanos y nietos de los ministros. Pero familiares directos de funcionarios secretarios o subsecretarios podrán permanecer en el Ejecutivo. Al igual que parientes en tercer y cuarto grado de consanguinidad, como tíos, sobrinos y primos.
Entre las primeras renuncias se contaron las de Mariana y Lorena Triaca, ambas hermanas del ministro de Trabajo. La primera, directora del Banco Nación y la segunda, directora de Asuntos Externos de la Agencia Nacional de Inversiones. La designación de Mariana en el Nación había provocado una polémica fuerte y hace apenas un mes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había tenido que salir a defenderla. Habló en ese momento de los méritos de la designada.
Ahora, en una decisión política que el Ejecutivo debió apresurar en gran parte por las repercusiones políticas del despido de Sandra Heredia, empleada doméstica de Triaca, Mariana y el resto de los familiares del ministro terminarán sin sus cargos. También quedará alcanzada la esposa de Triaca, Cecilia Loccisano, subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud.
El mismo camino seguirán Victoria Costoya, que es es directora de Financiamiento Internacional y Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social y esposa del ministro de Interior, Rogelio Frigerio; y el papá del funcionario, Octavio Frigerio, que es director de YPF. También deberán irse Franco Langieri, asesor en el Ministerio de Modernización e hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y Matías Santos, Jefe de Asesores de la cartera que coordina su padre.
Otros de los que se irán y que se ubicaron entre primeros renunciantes fueron el presidente de Arsat, Rodrigo De Loredo, que es yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad; y Andrés Peña, subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo y hermano del jefe de Gabinete.
Entre los que se salvaron de la decisión presidencial aparece la flamante diputada nacional por el PRO María Carla Piccolomini, quien asumió en su banca el 10 de diciembre tras desempeñarse como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina (RTA). Piccolomini es la esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, uno de los autores intelectuales del decreto, junto a Peña y al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
También lograrán eludir las disposiciones técnicas de la medida -habrá que ver si también esquivan la presión política- los familiares de otros dirigentes y funcionarios sin rango ministerial pero con fuerte peso en el Ejecutivo, como la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky, entre otros.