Una promesa recurrente, que debe mostrar un empalme técnico y político

El origen fiscal de la mayoría de las crisis económicas que padeció la Argentina no está en duda. El diagnóstico que presentó el domingo por la noche el presidente Javier Milei es acertado. El exceso de gasto en ocasiones derivó en niveles de deuda insostenibles, en devaluaciones que desataron el derrumbe de la actividad o en emisión monetaria incontenible. El remedio también era previsible: conseguir una disciplina que evitara chocar una vez más con esta piedra.

En este sentido, hay que señalar que la propuesta del Presidente no fue original. En honor a la historia, hay que remarcar que en 1999 el Congreso votó una ley de convertibilidad fiscal propuesta por el bonaerense Jorge Remes Lenicov (ministro de Economía de Duhalde en 2002). Esa norma, que nunca se derogó, proponía una reducción gradual de los desequilibrios, limitar la deuda y crear un fondo anticíclico. Otro peronista, el cordobés José Manuel de la Sota, proponía en ese tiempo ir directamente al déficit cero como lo había hecho en sus provincia años antes cuando estaba al frente del Ejecutivo.

Domingo Cavallo, como ministro de Fernando de la Rúa, se abrazó a la misma consigna en julio de 2001. Sin crédito externo, no tuvo más alternativa que ir a una baja de salarios públicos y jubilaciones (los gastos que por lo general van indexados, como reseñó Milei en su discurso, y que deberían acotarse si no se alcanza el equilibrio financiero).

En 2004, con Néstor Kirchner presidente, se aprobó un Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, en el que se apuntaba a que las provincias también estuvieran comprometidas con esta política, con presupuestos plurianuales y una regla de gasto que no podrá ser superior a la variación del IPC del período. Eran años en los que el FMI ejercía su habitual tutela, pero la cancelación del préstamos con el organismo en 2005 puso fin a ese ejercicio. Aunque el expresidente defendía cierta prudencia fiscal, el tamaño del Estado creció más allá de cualquier regla, pasando de 23% a 46% del PBI.

Milei quiere volver a ese punto de partida. Por eso reclamó que las provincias también hagan su aporte (aunque Caputo y Francos relativizaron la necesidad de ajustar u$s 60.000 millones, como dijo el Presidente). Y no solo tiene que lograr el aval del mismo Congreso al que le vetará otra ley. Sino que debe conseguir que esa promesa fiscal, la misma que varios gobiernos vienen haciendo desde fines de los '90, esta vez sea cumplida en tiempo y forma. Los economistas encontraron números poco consistentes en el Presupuesto 2025, que además carece de una hoja de ruta que indique cómo se va a completar el año y empalmar con el que viene. Por ser una ley "trascendental", todavía tiene mucho trabajo por delante.