A contramano de lo que piensa el ministro de Economía, Axel Kicillof, la sorpresiva emisión de deuda que concretó el martes pasado no fue mal recibida por el sector financiero local. Todo lo contrario.


En bancos y sociedades de bolsa locales, donde es cierto que el funcionario no es tenido en la más alta estima, a las ironías respecto a la altísima tasa pagada por la emisión de u$s 1.415 millones y las dudas respecto a qué parte de ese total corresponde a financiamiento fresco llegado desde afuera, se le sumaba la conclusión unánime: el resultado es positivo.


Tanto que se atreven a imaginar que la ruptura del cerco legal que edificaron los fondos Elliot y Aurelius para evitar colocaciones de deuda como ésta podría facilitar a otras emisiones como los u$s 500 millones que saldrá a buscar YPF, eventuales colocaciones subsoberanas y hasta un potencial canje del Boden 2015 que vence en octubre.


Es cierto, el costo de 8,96% anual es un exceso en comparación con las tasas del 4% que consigue, por ejemplo, la nada market friendly Bolivia de Evo Morales. Y el monto, equivalente a tres meses de compras de dólar ahorro por parte de minoristas, no resta pero está lejos de ser un alivio siquiera de mediano plazo.


La victoria de Kicillof no se mide en todo caso por esas variables sino por la posibilidad de que se repitan nuevas operaciones en el futuro cercano. Pero eso depende de lo que pase en las cortes.


La duda entre operadores es cómo reaccionará el Juez Thomas Griesa y si volverá a atravesar los límites de lo imaginable extendiendo las trabas a los pagos de deuda al bono emitido esta semana.


Ayer por la tarde el juez neoyorquino sostuvo una audiencia de urgencia para responder a este nuevo intento argentino de evadir las amplias atribuciones que se tomó al impedir pagos de deuda reestructurada por parte de bancos y empresas de clearing que pretendan operar en suelo estadounidense. Griesa decidió apenas que Elliot y Aurelius tienen derecho a recibir información respecto de la operación, pero rechazó por ahora la propuesta de una orden para forzar a la Argentina, al Deutsche Bank y al banco español BBVA a proveer esos detalles de inmediato.


Aurelius incluso hizo llegar notificaciones a los supuestos bancos involucrados en las que los informaba de que la operación es fraudulenta y que cualquiera que haya participado en ella debía considerarse responsable de ese fraude.


Los ponen la lupa en cómo será considerada la emisión por parte del juez: si se trata o no de deuda externa. De acuerdo a la orden de Griesa del 12 de marzo la que impidió al Citibank pagar bonos regidos por la ley argentina sólo la deuda externa está sujeta a sus trabas. La definición no depende tanto de si quienes tomaron los bonos son fondos extranjeros sino del lugar donde se concretó la oferta. El problema es que el Bonar 2024 es una emisión ya existente que nació como una forma de pagar la deuda con Repsol por la expropiación de YPF, con lo cual también la ubicación de esa emisión original caerá bajo la lupa.


Un informe de research elaborado por un banco local para sus clientes en el exterior remarcaba las posibles consecuencias positivas para la posición negociadora del país frente a los fondos buitre, entre otros beneficios. Sin embargo, hacía hincapié una y otra vez en el riesgo legal. Esto cambia el juego, decía, pero sólo en el caso de que Elliot no logra que Griesa trabe los pagos de Bonar.