Pensar el futuro productivo de Argentina es, en buena medida, pensar en su agroindustria. El agro contribuye con más del 18% del Producto Bruto Interno (PIB) y representa el 60% de las exportaciones de bienes, según datos del INDEC. Su impacto va más allá de generar divisas: sostiene más de 2,6 millones de empleos (el 19% del total registrado), promueve inversión productiva y tecnológica, impulsa el desarrollo de conocimiento y fomenta prácticas sostenibles de manejo de suelos. Además, demanda servicios como logística y transporte, y tiene un rol clave en el desarrollo urbano y la estructuración del territorio, especialmente en ciudades intermedias, donde reside entre el 23% y el 25% de la población, situadas a 38-93 km de los principales centros urbanos.
Sin embargo, el sector agropecuario argentino ha enfrentado históricamente un entorno de políticas públicas pendulares y un apoyo estatal limitado. Argentina experimentó décadas de vaivenes en su política agropecuaria. Tras la apertura de mercados de los años '90, las políticas sectoriales se caracterizaron por controles de precios, aranceles y cuotas a la exportación, que distorsionaron relaciones de precios, impactando en márgenes de ganancia y desalentando la inversión. En este contexto, el cepo cambiario y las altas retenciones consolidaron un modelo defensivo: mantener niveles de producción, en un entorno de condiciones desfavorables.
Esto limitó el desarrollo del sector y dejó a la Argentina rezagada frente a otros países de la región. Por ejemplo, en 1984, Argentina y Brasil cosechaban casi la misma cantidad de granos, pero tres décadas después, Brasil produce más de dos toneladas por cada tonelada argentina. El avance de Brasil se explica menos por recursos naturales y más por la consistencia de sus políticas agroindustriales. Programas como el Plano Safra, que ofrece crédito subsidiado; Pronaf, que respalda a la agricultura familiar; y Moderfrota, que moderniza la maquinaria agrícola, crearon un marco estable para la inversión privada, la adopción tecnológica y la expansión productiva, tanto en rendimiento como en superficie cultivada. La continuidad de estas políticas consolidó un crecimiento sostenido y previsible.
Argentina se ubica al final del ranking global de apoyo público al agro. Según estimaciones del BID y la OCDE, en 2023 fue uno de los únicos productores con un Estimado de Apoyo al Productor (PSE) negativo, reflejo de más de dos décadas en las que el respaldo efectivo al sector estuvo por debajo de cero, implicando una transferencia de recursos que llegó a representar más del 30% de los ingresos brutos del productor. Esto coloca al agro argentino en desventaja frente a productores de otros países, que reciben apoyo positivo mediante subsidios o transferencias directas, acceso a crédito blando, infraestructura, programas de asistencia técnica o promoción, que promueven mejoras en la productividad y la competitividad.
Rediseñar el esquema de políticas es fundamental para que el agro argentino despliegue todo su potencial. Esto requiere delinear una agenda integral que, aprovechando las capacidades y ventajas comparativas del sector, elimine barreras al desarrollo, mejore la competitividad, promueva la inclusión territorial y garantice la sostenibilidad ambiental. Estas políticas deben abordar cuatro dimensiones clave: un marco macroeconómico estable con incentivos a la inversión; desarrollo y fortalecimiento de infraestructura y conectividad; gestión sostenible de los recursos y del suelo; y fortalecer la inversión en investigación, innovación y transferencia de conocimiento, en articulación con los sistemas de Ciencia y Tecnología.
En este marco, el rol de los gobiernos provinciales es central. Cuentan con autonomía y gestionan cerca del 40% del gasto público consolidado. Además, disponen de instrumentos propios que les permiten diseñar medidas adaptadas a las particularidades de cada territorio y responder con rapidez a las necesidades locales. Su dirección puede contribuir a que la estrategia de desarrollo a nivel nacional se traduzca en un desarrollo agroindustrial territorialmente equilibrado y sostenible. Por esto, la coordinación entre niveles de gobierno se vuelve fundamental.
En un contexto de normalización de las condiciones macroeconómicas, Argentina tiene la oportunidad de pasar de una estrategia defensiva de "producir lo mismo con menos", a una ofensiva de "producir más con más". Tomando aprendizajes del modelo brasileño -adaptando sus aciertos y evitando sus errores- es posible articular un esquema de políticas nacionales y locales que incentiven la inversión y la innovación, mejoren la productividad y la competitividad. Aprovechar esta oportunidad permitirá que el agro despliegue plenamente su potencial y profundice su aporte al crecimiento económico y social de Argentina.
