Las provincias argentinas administran gran parte de los servicios públicos más sensibles —como educación, salud, seguridad e infraestructura—, pero cuentan con una participación limitada en la recaudación tributaria. Mientras que la Nación concentra el 78,6% de los ingresos fiscales, las provincias perciben de forma directa el 17,5% de los impuestos. En este escenario, la transparencia presupuestaria deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en una condición central de legitimidad, confianza pública y rendición de cuentas.
Desde hace más de doce años, CIPPEC impulsa la transparencia fiscal provincial a través del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), que mide la disponibilidad y accesibilidad de la información sobre el uso de los recursos públicos. El índice evalúa a las provincias en una escala de 0 a 10, considerando cuatro dimensiones: publicación del presupuesto y sus proyecciones, información sobre ejecución y rendición de cuentas, transparencia sobre recursos y financiamiento, y capacidad de comunicar estos datos de manera accesible para la ciudadanía.
En doce años, la transparencia presupuestaria provincial mejoró de manera sostenida en toda la Argentina. El puntaje promedio del ITPP pasó de 5,8 puntos en 2013 a 7,8 en 2024, lo que representa un incremento del 34%. Pero no solo aumentó el promedio, también se redujo la brecha entre las jurisdicciones. De hecho, en 2024 se registró el menor nivel de dispersión de toda la serie.
La última medición mostró avances especialmente en la publicación de información sobre recursos y financiamiento del presupuesto. También hubo mejoras en la comunicación hacia la ciudadanía: 15 provincias publicaron el Presupuesto Ciudadano, incorporándose en 2024 Catamarca, La Pampa y San Luis.
En contraste, la principal brecha aparece en la calidad de la información sobre la ejecución del gasto: solo siete provincias difundieron información sobre ejecución presupuestaria por programa y cinco por ubicación geográfica.
Córdoba lideró el ranking con 9,9 puntos, seguida por Entre Ríos y Santa Fe. El top cinco se completa con Tierra del Fuego y Neuquén. En total, once provincias mejoraron su desempeño respecto de 2023. El avance más significativo fue el de Santa Cruz, que incrementó su puntaje en 3,6 puntos a partir de mejoras en la publicación de información sobre gasto, recursos y rendición de cuentas.
Por otro lado, 13 provincias obtuvieron puntajes inferiores a los registrados en 2023. Río Negro registró la mayor caída, con una baja de 2,3 puntos, seguido por Chaco (1,9) y Catamarca (1,7). En el resto de los casos, las variaciones fueron marginales y correspondieron principalmente a jurisdicciones que ya se ubicaban en los niveles más altos del ITPP, sin registrar cambios significativos en su posicionamiento relativo.
Aunque algunas provincias lograron consolidar estándares altos y sostenidos de transparencia, todavía persisten desafíos importantes en materia de transparencia presupuestaria provincial. El más relevante es la necesidad de acercar la información fiscal a la ciudadanía: nueve provincias todavía no publican un Presupuesto Ciudadano, una herramienta fundamental para explicar de manera simple cómo se asignan y utilizan los recursos públicos. Al mismo tiempo, resulta necesario fortalecer la calidad y accesibilidad de los documentos ya existentes, incorporando formatos más visuales, interactivos y fáciles de comprender.
Otro desafío importante está vinculado con la transparencia en la ejecución del gasto público. Aunque 23 jurisdicciones publicaron información sobre la ejecución presupuestaria por naturaleza económica, todavía persisten diferencias significativas en las aperturas disponibles, particularmente en las clasificaciones por jurisdicción, programa y ubicación geográfica. Además, en 2024 se registró una caída en la publicación de estimaciones de gasto tributario: solo diez provincias difundieron esta información, frente a las diecisiete registradas el año anterior.
Finalmente, persisten desafíos vinculados con la programación plurianual y la previsibilidad fiscal. Fortalecer estas herramientas permitiría mejorar la planificación presupuestaria de mediano plazo, anticipar necesidades de financiamiento y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, en 2024 solo once provincias publicaron la programación plurianual, frente a las trece registradas el año anterior.
En un contexto de fuertes demandas de eficiencia estatal y discusión sobre reformas fiscales, la transparencia presupuestaria ya no puede pensarse como una obligación administrativa. Es una condición de legitimidad. Un Estado que publica sus cuentas de manera clara y accesible no solo informa: construye confianza, mejora la calidad del debate público y fortalece la capacidad de la ciudadanía para exigir mejores políticas.