Los sistemas políticos son un conjunto de normas y procedimientos diseñados para facilitar el proceso de toma de decisiones colectivas. Tienen el objetivo de producir decisiones orientadas a satisfacer las demandas ciudadanas. Muchas veces, por diversas circunstancias, los sistemas se bloquean y dejan de producir esas decisiones. Si este bloqueose vuelve persistente, los problemas se acumulan, se agigantan y se vuelve imperioso desbloquear el sistema. Los regímenes parlamentarios tienen más flexibilidad que los presidencialismos para desbloquear el funcionamiento del sistema. Pueden producir cambios de gobiernos sin tener que esperar los tiempos de los mandatos, e incluso cuando no es posible formar nuevos gobiernos, tienen fórmulas de excepción para resolver el asunto como son los gobiernos técnicos. Algo así como delegarle el poder a un grupo de tecnócratas para que, abstraídos de los condicionamientos políticos, puedan tomar las decisiones que los políticos no están pudiendo tomar. La emergencia de Javier Milei a escena tiene un aire de familia con la naturaleza de los gobiernos técnicos. Sobre todo en aquello de que se trata de un Gobierno que hace campaña diciendo que va a hacer las cosas que los políticos no quieren hacer, gana la elección, y decide hacer esas cosas que los políticos evitan hacer. Por otro lado, además de no actuar bajo la lógica que guía el comportamiento tradicional de un político, Milei pareciera estar transmitiendo (aun siendo algo estratégicamente impostado), que no desea ser un político. "No me importa ni lo que digan las encuestas, no me importa nada. Yo hago lo que tengo que hacer", dijo en la Cámara Argentina de Comercio. Y agregó: "hay que hacer lo que hay que hacer, y si hay que pagar costos, se pagan (...) para eso nos votaron". La legitimidad de los gobiernos técnicos radica en el respaldo que reciben de una sociedad fatigada por la inacción de una clase política que evitó sistemáticamente tomar las decisiones difíciles que había que tomar. Y esa predisposición para tomar esas decisiones postergadas, aunque sean dolorosas, son fuente de legitimidad para los gobiernos técnicos, al presentarse como una respuesta necesaria frente a la parálisis de la política reinante. El aire de familia de este ciclo con la naturaleza de los gobiernos técnicos es notable. Sobre todo porque emerge en un contexto social propicio para tolerar la incorrección política de este tipo de gobiernos que le hablan con franqueza a la gente, porque hay una sociedad dispuesta a entusiasmarse con que las cosas se resuelvan. Pero el desafío de este tipo de gobiernos, no se acaba solo con la voluntad de adoptar las decisiones difíciles. Porque luego de ello toca evitar dos grandes riesgos: la resistencia política a la acción de gobierno y la resistencia social a las consecuencias de la acción de gobierno. Aplicar dolor, siempre puede producir reacciones no deseadas. Lo curioso de todo esto es que, ante un Gobierno que tomó decisiones que produjeron impactos negativos en la calidad de vida de la gente, por ahora no pareciera emerger una resistencia política o una resistencia social bloqueadora de la acción de gobierno. Algo que es más curioso aun, considerando las delicadas condiciones de gobernabilidad bajo las cuales se produce la acción de este Gobierno. Una rareza que invita a pensar en una suerte de gobernabilidad de excepción que ha emergido en este ciclo, y que explica por qué Milei ha podido avanzar sin encontrar resistencias. De hecho, los dos grandes paquetes de decisiones que tomó este Gobierno no fueron bloqueados por los otros dos poderes, pudiendo estos haberlo hecho: el DNU 70/2023 y la Ley Bases y todas sus disposiciones. Y la explicación no está tanto en la fortaleza de Milei sino en su debilidad. Lo que los otros dos poderes no se animan a hacer, es obstaculizar la acción de gobierno y asumir la responsabilidad de las consecuencias de ello. Tanto el Poder Judicial como el Legislativo podrían haber declarado inconstitucional el DNU 70/2023 (sobran motivos para hacerlo), o no votado la Ley Bases respectivamente, pero ambos saben que obturar la acción de gobierno puede producir impactos negativos en la economía (el mercado vería allí una señal preocupante en materia de gobernabilidad), y no están dispuestos a hacerse responsables de las consecuencias de ello frente a la opinión pública. Allí radican las razones de esta suerte de gobernabilidad de excepción, que le ha permitido a Milei avanzar con el programa de ordenamiento económico. Pero no hubo solo falta de resistencia política. También ha habido ausencia de resistencia social. Por ahora, no solo no se ven niveles de conflictividad que siembren dudas sobre las condiciones de gobernabilidad, sino por el contrario los niveles de popularidad del Gobierno se han mantenido relativamente altos, considerando los padecimientos provocados por las medidas iniciales de corrección de desequilibrios. Lo interesante es pensar que lo primero tiene que ver con lo segundo. La falta de resistencia política obedece a la falta de resistencia social, y es ese apoyo que el Gobierno sostiene en la opinión pública, la base de legitimidad de su acción política. Lo que este Gobierno hace, lo hace sin resistencia política. Porque la política no quiere enfrentar el enojo que podría despertar en la gente las consecuencias que producirían la obstaculización de la acción de gobierno. Hay que entender ese aspecto central de la naturaleza del proceso político para entender lo importante que es para este Gobierno sostener los niveles de apoyo social, porque allí radican las condiciones de la gobernabilidad de excepción. Por ahora, la gente está aguantando más que disfrutando. Pronto deberá llegar el momento en que el sacrificio sea reemplazado por bienestar para sostener estos niveles de apoyo. Esa es la clave de este proceso: sin bienestar y satisfacción, será difícil mantener estas condiciones excepcionales de gobernabilidad.