Durante seis días, Perú ha mantenido una situación de convulsión, marchas sin distanciamiento social, y cacerolazos. Un recuento de hechos, nos permitirá entender qué ocurrió, cómo discurrió y hacia dónde va el país andino.

En el año 2016, con el apoyo de los movimientos de izquierda en la segunda vuelta electoral, Pedro Pablo Kuczynski Godard ganó las elecciones a Keiko Sofía Fujimori Higuchi (hija del Ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori). En la primera vuelta electoral, donde se define la composición del Congreso, Fuerza Popular, el partido político liderado por Keiko Fujimori, obtuvo una amplia mayoría parlamentaria (73 de 130), dominando así este Poder del Estado. El Presidente electo Kuczynski tuvo durante mucho tiempo una férrea oposición parlamentaria, y una bancada propia de tan solo 18 Congresistas.

Durante su mandato, Kuczynski fue acusado de haber formado parte del entramado de corrupción de la multinacional brasileña ODEBRECHT, y en diciembre de 2017, libró un pedido de vacancia por incapacidad moral permanente (artículo 113, numeral 2 de la Constitución Política) en el Congreso (22.12.2017). Dos días después como parte de sus atribuciones constitucionales (artículo 118, numeral 21), concedió el indulto al Ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori (24.12.2017).

Tres meses después, se filtraron videos de las “negociaciones entre un Ministro de Kuczynski y el Congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori Higuchi, hijo del indultado Fujimori. Las grabaciones ponían en evidencia la compra de votos en el Congreso para evitar la vacancia presidencial a cambio de obras públicas y el indulto.

Ante esta situación, sumada a las denuncias en el caso Odebrecht, y antes de afrontar un segundo proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, Kuczynski renunció al cargo de Presidente y se produjo una sucesión constitucional, asumiendo Martín Vizcarra Cornejo la Presidencia el 23.03.2018, fraccionándose aún más la bancada parlamentaria del movimiento político que los llevó al poder.

Sin una bancada sólida, Martín Vizcarra asumió la presidencia heredando la tensión entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que inmediatamente buscó legitimidad y respaldo popular a través de un Referéndum para que los peruanos acepten sus propuestas de reformas políticas y constitucionales sobre (1.) la reforma del órgano para la designación de jueces (Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura), (2.) la reforma sobre el financiamiento de los Partidos Políticos, (3.) la prohibición de la reelección parlamentaria y (4.) el retorno a las dos Cámaras en el Congreso de la República. Con ello, simplemente ganó tiempo.

El Congreso aceptó el mandato popular, e implementó las reformas conforme a los resultados del Referéndum que aprobó las tres primeras y negó la vuelta a las dos Cámaras; sin embargo, el Presidente Martín Vizcarra introdujo una reforma no contemplada en el Referéndum: la modificación del proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional (atribución del Congreso) y que no fue materia de Referéndum, presentando una cuestión de confianza.

Hasta ese momento del período constitucional 2016-2021, el Ejecutivo había presentado 2 cuestiones de confianza de Consejo de Ministros, la primera con Kuczynski (14.09.2017), en donde el Congreso rechazó la cuestión de confianza y se produjo una crisis política con la caída del Gabinete Ministerial en pleno; y, la segunda con Vizcarra (19.09.2018), para que se aprueban las reformas políticas que se llevarían luego a Referéndum. En este último caso, el Congreso opositor relajó su postura y aprobó en el mismo día y otorgó la confianza al Gabinete.

¿Por qué era tan importante que un gobierno sin bancada mayoritaria presente cuestiones de confianza? Sucede que, en Perú, de acuerdo con la norma constitucional (artículo 134), si se niega la confianza a dos Consejos de Ministros, el Presidente de la República está facultado a disolver el Congreso, y convocar a elecciones para elegir un nuevo Congreso. Esta permanente tensión, tuvo una tercera cuestión de confianza (04.06.2019) esta vez con un nuevo tema: el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, en donde nuevamente el Congreso cedió y aprobó en el mismo día la confianza.

Un momento determinante en este recuento se produjo el 30.09.2019 cuando el Ejecutivo presentó una cuestión de confianza para cambiar el sistema de elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Según el artículo 201 de la Constitución Política peruana, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros.

Aquella mañana del 30.09.2019, en ejercicio de sus facultades, el Congreso inicio las votaciones para designar Magistrados del Tribunal Constitucional y con el mínimo necesario (87 votos) eligió a Gonzalo Ortiz de Zevallos. Acto seguido, se dio pase al debate de la cuestión de confianza aprobándola. En ese instante, el Primer Ministro irrumpía en el Congreso para plantear su cuestión de confianza y minutos después el Presidente Martín Vizcarra, informaba en un mensaje a la nación, la disolución del Congreso, porque según él hubo una “negación fáctica de la confianza.

Así, Martín Vizcarra, anuló su principal oposición política (Fuerza Popular), y convocó a elecciones de Congresistas con las nuevas reglas aprobadas en Referéndum y por el Parlamento disuelto. No obstante, en la nueva composición del nuevo Parlamento no obtuvo una bancada propia. Se quedó solo y sin movimiento o partido político, o en todo caso con una alianza política endeble; y el país con a 6 de 7 Magistrados en el Tribunal Constitucional con sus mandatos de 5 años vencidos; y a la espera de que el nuevo Congreso designes los reemplazos conforme al artículo 201 de la Constitución Política.

Con un Congreso recientemente instalado, y un Ejecutivo que pocos logros podía mostrar, el Perú se enfrentó a la pandemia causada por el SARS-COV-2, y alcanzó récords de los peores resultados de gestión, ocupando los primeros lugares de contagios y muertes en Sudamérica, y la mayor ratio de mortalidad por millón de habitante en el Mundo. En ese contexto, el confinamiento de la población ponía en riesgo el próximo electoral que debía convocarse en el mes de julio de 2020; y no obstante los temores de la postergación de Elecciones Generales (Presidente, Parlamentarios Nacionales y Andinos), se convocaron para el 11.04.2021, año que se celebra el Bicentenario de la Independencia de España, y los 200 años de República.

Tras una deficiente gestión durante la pandemia, Vizcarra recibió diversas acusaciones. Una de ellas fue por tráfico de influencias en la contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura en diversas oportunidades. Vizcarra negó haberse reunido con Cisneros en Palacio de Gobierno, hasta que se filtró un audio donde se le escuchaba hablar con su Secretaria Administrativa, Karem Roca y su Secretaria General, Miriam Morales, cuál sería la estrategia para desvirtuar las reuniones y correos enviados solicitando la contratación del artista.

La continuidad de Vizcarra en el Poder, se definiría en el nuevo Congreso que aprobó una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. El Ejecutivo presentó entonces una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que defina la competencia del Congreso de la República y llene de contenido al precepto constitucional “incapacidad moral permanente que podía causar la vacancia presidencial. El Parlamento requería 87 de 130 votos para lograr que el Presidente deje de serlo, mientras tanto se produjeron las renuncias de las Secretarias, quienes fueron detenidas en el marco de la investigación. La votación fue favorable a Martín Vizcarra y superó la crisis política.

Sin embargo, nuevas revelaciones pondrían a Vizcarra en jaque. Esta vez en el marco de las investigaciones del caso denominado “Club de la Construcción por haber recibido supuestos sobornos cuando ejerció como Gobernador Regional de Moquegua entre los años 2013 y 2014.

Según las investigaciones, en la Carpeta Fiscal habría manifestaciones de aspirantes a colabores, y de testigos, que con documentos aportados corroboran el hecho de haber recibido sobornos a cambio de la adjudicación de dos obras públicas (i) por el Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo, a cargo del Consorcio de las empresas ICCGSA e INCOT; y (ii) por el Hospital Regional de Moquegua, a cargo de la empresa OBRAINSA. Los supuestos sobornos recibidos serían por US$300,000 en el Proyecto de Irrigación, y US$370,000 en el Hospital Regional, ambos procesos de selección a cargo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

El colofón en las revelaciones ocurrió cuando la prensa publicó fotografías de Martín Vizcarra junto al empresario Antonio Camayo procesado en un caso de corrupción denominado “Los Cuellos Blancos . Durante dos años Vizcarra negó su relación personal y/o haberse reunido con el empresario Camayo.

El denominador común de Vizcarra ante las denuncias de la prensa siempre fue negar los hechos, por lo que, ante las discrepancias entre las denuncias y los hechos corroborados, ante el Congreso se interpuso una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. La causa: la constante falsedad en las declaraciones del Presidente.

Así, el lunes 09.11.2020 se produjo la segunda sucesión constitucional, y con 105 votos de 130, se aprobó la vacancia del Presidente Martín Vizcarra Cornejo por incapacidad moral permanente, asumiendo la Presidencia de la República, el Presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama

Desde que se produjo la sucesión constitucional, las protestas y convulsión sociales no le han dado tregua al Presidente Merino de Lama, que rodeado de políticos liberales puso en riesgo las raíces que durante 10 años los movimientos de izquierda sembraron en el aparato estatal, dando soporte a Presidentes que pocos resultados u obras de magnitud, dieron a los peruanos.

La izquierda y sus políticos tradicionales, estuvieron puestos en jaque con la segunda sucesión constitucional. Estos movimientos soportaron a Ollanta Humala Tasso, Ex Presidente de la República en el período 2011-2016, quien luego de su mandato y junto a su esposa Nadine Heredia Alarcón, fueron detenidos de manera preventiva en la investigación contra la constructora brasileña ODEBRECHT por un financiamiento de la Campaña electoral 2011 de su movimiento político, de alrededor de US$3,000,000.

La izquierda y sus políticos tradicionales, apoyó la candidatura a la Alcaldía de Lima en el año 2010 a Susana Villarán de la Puente, a través de su movimiento de izquierda denominado Fuerza Social (hoy en extinción o reciclados). Luego de su mandato al frente de la Alcaldía, se le acusó del presunto delito de lavado de activos y también estuvo detenida de manera preventiva, al ser acusada de haber recibido de Odebrecht y OAS de Brasil, dinero para financiar la Campaña y evitar su revocatoria. La Fiscalía la acusó de haber recibido de la empresa OAS US$1,000,000 para la campaña “No a la revocatoria ; y US$3,000,000 para financiar su campaña de reelección.

En la larga lista de financiación irregular de movimientos políticos, en agosto de 2020, la Fiscalía a través del Equipo Especial Lava Jato inició diligencias por la presunta comisión del delito de lavado de activos contra el líder del Partido Morado, Julio Guzmán Cáceres, a quién se le acusó de haber recibido de Odebrecht US$400,000 dólares para su Campaña presidencial en el año 2016.

La sucesión constitucional puso en jaque los movimientos de la izquierda fraccionada y reciclada a través de distintas facciones, que se renueva en sus denominaciones, pero que en los hechos también es parte de esa casta o clase política de la que la población ha expresado su cansancio. A diferencia de los partidos históricos o tradicionales, con larga data en la política peruana como Acción Popular, el Partido Popular Cristiano o el Partido Aprista Peruano, o el reciente fundado Fuerza Popular, ellos cambian de nombre para no ser identificados como tales, como tradicionales, y se reciclan en propuestas nuevas como Nuevo Perú, Frente Amplio o el Partido Morado.

En Perú, se ha puesto en jaque el “in statu quo ante de los movimientos de izquierda que azuzan a la población para que ese cambió no pueda darse, y así como ocurrió en Chile, una señal de alerta para América Latina, se cuestione el modelo constitucional y económico.

Luego de seis días de protestas y convulsión social, la noche del sábado 14.11.2020, lamentablemente, dos jóvenes de 22 y 24 años murieron durante las protestas que fueron convocadas, entre otros, por el líder del Partido Morado, Julio Guzmán Cáceres, hoy pre-candidato a la Presidencia, con 9 de 130 Congresistas que votaron el 09.11.2020 en bloque por defender a Martín Vizcarra contra la vacancia presidencial

Manuel Merino de Lama renunció este domingo 15.11.2020 a su cargo de Presidente de la República; y con ello, en cinco años del período constitucional 2016-2021, la democracia peruana ha tenido 3 Presidentes de la República, y en las próximas horas nombrará uno más y 2 Congresos. Y la fragilidad de la institucionalidad democrática se hace más evidente cuando el Partido Morado, propone que retorne a la Presidencia el vacado Vizcarra.