En una Argentina con la inversión concentrada en un puñado de sectores, no es una novedad que el empleo formal está estancado. Pero desde fines de 2023 hasta el presente, lo que se percibe con más nitidez es un cambio estructural en la composición de ese empleo: según un informe elaborado por Iaraf, por cada diez empleos registrados que se perdieron, se crearon siete con monotributo. La razón de este cambio es muy básica. Tal como mostró el economista Santiago Bulat en el Coloquio de IDEA, el total anual de aportes y contribuciones que debe hacer un empleador para abonar un sueldo mensual de $ 2 millones es de $ 6.480.000. Con esa misma cantidad de dinero, una empresa paga las cargas sociales de 27 monotributistas, contratados de manera independiente. Sin relación de dependencia, sin ART, sin aportes sindicales ni costos extras. Lo que reflejan estos números es que debatir si hay que discutir o no una reforma laboral es innecesario, porque esta reforma ya se está haciendo de hecho. Y ya se sabe que cuando el mercado ajusta solo, lo hace de la peor manera. No hay derechos que reclamar bajo esta modalidad. Solo un salario que no está bajo el paraguas de ninguna negociación. Para la Argentina modernizar los marcos laborales es tan urgente como bajar los impuestos y corregir las distorsiones de la coparticipación. Pero hay que atender bien el diagnóstico antes de poner sobre la mesa una pulseada legal que no sea relevante para el objetivo central de la reforma, que sigue siendo crear trabajo formal y aumentar el nivel de empleo en blanco. Vale un ejemplo. Un empresario del sector logístico dudó este año en ampliar su capacidad de trabajo porque implicaba contratar a 300 personas. Sabia que si la inversión no funcionaba y debía afrontar juicios o desvinculaciones, podía perder mucho más que el capital inicial de esta ampliación. Eligió no tomar el riesgo. Estas son las disquisiciones que la reforma debe corregir. Por eso es relevante tener en cuenta que hay un costado fiscal que tiene que ser evaluado y articulado. El alto porcentaje de empleo no registrado desfinancia el sistema previsional y potencia la economía en negro. No hay que dejar que la atención se desvié al regreso de los tickets canasta, algo que no está en el plan oficial (solo en un proyecto en el Congreso) ni es una aspiración de las empresas. Para eso Trabajo propone la idea del salario dinámico, que toma el sueldo de convenio como piso y permite sumar premios por distintos conceptos, renglón en el que sí podría entrar un vale de supermercado. A la CGT le preocupa que se impulse la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los sectoriales. El Gobierno argumenta que es una forma de emparejar las condiciones que enfrenta una empresa grande y una chica. Una forma de zanjar diferencias con los gremios podría ser, justamente, que esta sea una opción para pymes de menos de 10 personas. A la hora de dar esta batalla, los grandes sindicatos tienen que atender una realidad que no es menor y les achica la cancha: hay gremios que se están separando de las federaciones nacionales, como forma de tener las manos libres para firmar convenios nuevos y modernos.