Tanto la experiencia de los primeros dos años de gobierno de Javier Milei, como las sugerencias de la administración Trump, van en la misma dirección: es necesario que el Gobierno construya una coalición o alianza que le permita tener el sustento político para gobernar con eficacia en el marco institucional. El primer paso en esta dirección fue la reunión del presidente con los gobernadores, a la que concurrieron veinte de los veinticuatro (los cuatro ausentes fueron excluidos por su actitud marcadamente opositora). Con realismo, el presidente parece haber asumido una premisa del federalismo: que el sistema político se ordena desde los gobernadores al Congreso y no a la inversa. Es que acordar con senadores y diputados no implica hacerlo con los mandatarios provinciales. Por el contrario, un acuerdo con ellos se traslada al Senado. Cabe recordar que cada provincia tiene tres senadores y que su relación con los gobernadores es directa. De allí se pasa a los diputados, cuya relación con los mandatarios provinciales es menor y esta Cámara tiene una representación de acuerdo a la población del distrito. La provincia de Buenos Aires cuenta con setenta diputados nacionales, para los cuales las referencias provinciales se dividen y dispersan. Históricamente, los senadores han sido los voceros de sus provincias, situación que se debilita en la Cámara Baja. El acuerdo con los gobernadores tiene como prioridad, como es inevitable, la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. La Constitución sancionada en 1994 estableció que en un año debía sancionarse una nueva ley de coparticipación. Pese a ello, sigue pendiente sin que en los treinta y un años transcurridos se hayan registrado intentos de sancionarla. Es que hacerlo significa lograr la unanimidad de las provincias, lo que no parece fácil. Pero este año fue sancionado con el voto de ambas Cámaras un proyecto referido al reparto automático de los ATN (adelantos del tesoro nacional) originado en los gobernadores. Son los recursos de la coparticipación que el Ejecutivo traslada a las provincias en forma discrecional. Frente al veto del oficialismo, el mismo fue rechazado por los dos tercios de ambas Cámaras. El proyecto establecía que los ATN debían ser distribuidos de forma automática y ejecutados en forma inmediata. Actualmente se ha ejecutado sólo el 17% del monto anual de estos recursos. Quizás este sea el proyecto para comenzar acuerdos con los gobernadores que abran el camino hacia las reformas que el Ejecutivo quiere llevar adelante en la segunda mitad de su mandato. Diez días después de la elección, el presidente convocó a los senadores y diputados electos del oficialismo. Teóricamente son el paso siguiente en la necesaria negociación política con la oposición. En ninguna de las dos Cámaras el oficialismo tendrá mayoría a partir del 10 de diciembre. Por esta razón, la negociación resulta esencial para el funcionamiento del sistema institucional. En Diputados, sumando aliados el oficialismo quedará con aproximadamente veinte bancas del quórum propio para sesionar. No será tan difícil lograrlo y el avance del proyecto del Presupuesto en la comisión respectiva de la Cámara Baja es un anticipo de ello. En el Senado el oficialismo necesita aproximadamente catorce senadores para llegar al quórum. Es un objetivo más difícil, pero para ello está la negociación con los gobernadores. El Presidente mostró el camino: ahora hay que ejecutarlo. La estrategia es dejar las definiciones para el 1° de diciembre, cuando comiencen las sesiones extraordinarias que convocará el Poder Ejecutivo, que se muestra decidido a que en enero y febrero no haya receso legislativo. El tiempo en política es muy importante. Las cosas pueden cambiar en poco tiempo. En octubre de 2024, cuando Milei se aproximaba a cumplir su primer año de gobierno, vetó la primera ley contraria sancionada por el Congreso, la referida al aumento del gasto universitario. Lo hizo con un tercio de la Cámara de Diputados, a la que denominó “85 héroes”. Pero un año después, el mismo Congreso en una sola semana rechazó tres vetos de la Casa Rosada a las leyes de emergencia pediátrica, fondos para la educación pública y el mencionado proyecto sobre los ATN. La situación política había cambiado sustancialmente, a pesar de que los gobernadores y legisladores seguían siendo los mismos. Ello confirma que cuando se está en el poder se puede negociar con la oposición, porque la opinión pública apoya y es el momento de avanzar. Y en esta línea parece moverse el Gobierno en este momento. De acuerdo a ello, el tiempo que resta hasta el 10 de diciembre será el adecuado para la negociación, pero el acuerdo político y las sesiones extraordinarias que tendrán lugar entre el 1° de diciembre y el 1° de marzo serán el momento clave para la sanción de las leyes en ambas Cámaras, como las reformas laboral, previsional y tributaria tienen que ser sometidas a este ajustado cronograma si quieren ser sancionadas. A partir del 1° de marzo todo será más difícil. Primero porque comenzarán las sesiones ordinarias y la oposición podrá presentar iniciativas, lo que no puede hacer en las extraordinarias, donde sólo se tratan proyectos del Ejecutivo. En segundo lugar, porque probablemente el impacto favorable al oficialismo del triunfo electoral tenderá a diluirse con el tiempo, lo que normalmente sucede.