Cada día se leen y escuchan más noticias alrededor de los Bitcoins, una de las monedas virtuales que están siendo utilizadas en todo el mundo como forma de cobro y pago para intercambiar bienes y servicios. Estas monedas pueden ser cambiadas desde cualquier celular o computadora con acceso a internet por dólares, euros u otras monedas tradicionales, para luego ser utilizadas como un medio de cambio en cualquier lado del planeta.

Así, las llamadas monedas virtuales (o cripto-monedas) han irrumpido con fuerza para poner en crisis los paradigmas transaccionales y monetarios a los que nuestro tiempo histórico nos había acostumbrado.

Estas tecnologías revolucionarias, que están construidas y respaldadas mediante sistemas matemáticos de alta complejidad, tienen entre sus condiciones fundamentales: 1) su descentralización, pues están estructuradas en red, basadas en relaciones persona a persona que generan las monedas virtuales a partir de un sistema denominado de minado computarizado, para luego intercambiarlas con autonomía de cualquier institución, no existiendo otra posibilidad de intervención más allá de las establecidas por las reglas del mercado, pues no dependen ni están asentadas en ningún Estado o compañía en particular; 2) su seguridad, dado que es cuasi-imposible su falsificación, además las transacciones son irreversibles y quedan registradas para siempre en un sistema llamado block-chain que es de acceso público, lo que dota al tráfico transaccional de una certidumbre y trazabilidad hasta ahora inédita; y, por último, 3) su economicidad, puesto que, al no ser necesarios los intermediarios bancarios o financieros no hay prácticamente comisiones financieras, lo que obviamente baja significativamente los costos de las operaciones, siendo además los envíos inmediatos y accesibles.

Respecto a este último punto, estas nuevas herramientas generan importantes posibilidades en términos de inclusión financiera pues, si se tiene en cuenta que, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, cerca de 2,5 mil millones de personas en el mundo no utilizan la banca (en manera formal o semi-formal) o servicios financieros, el uso de estas tecnologías resulta fundamental para el desarrollo socio-económico.

A su vez, es importante destacar que se están generando valiosas industrias alrededor de esta monedas, entre las cuales se encuentran aquellas que se dedican a generar los instrumentos para recibir pagos en forma inmediata y prácticamente sin costos; o empresas que generan los servicios necesarios para utilizar a los Bitcoins, Litecoins u otras monedas virtuales como una herramienta para resguardar o generar valor.

Ahora bien, es dable destacar que, como todo nuevo desarrollo, esta tecnología trae aparejados novedosos desafíos en términos regulatorios, tanto para los Estados como y principalmente para el sector privado que, una vez más, deberá saber afrontar las cambiantes reglas de juego que le impone la constante dinámica creativa del capitalismo.

Por otro lado, a pesar de que son ciertos y conocidos los antecedentes de casos donde organizaciones criminales han hecho abuso de las interesantes características de los Bitcoins para facilitar la consumación de actividades delictivas y que, teóricamente, podría aprovecharse su pseudo-anonimidad para realizar operaciones de lavado de activos; ello no significa que necesariamente deba rechazarse su uso, sino que debe realizarse un esfuerzo para generar las normas y los controles necesarios para minimizar los riesgos y desalentar así su uso con fines non-sanctos.

En ese sentido, es importante e interesante la Resolución N´300/2014 de la Unidad de Información Financiera, dictada en julio pasado, donde se le indica a los llamados sujetos obligados de nuestro sistema anti-lavado cómo deberán actuar frente a la aparición de este nuevo fenómeno.

De esta manera, el Estado argentino reconoció la legalidad de las monedas virtuales y, en consecuencia, adecuó su normativa a los desafíos de estos nuevos desarrollos; lo que fundamentalmente constituye una muy buena noticia. Ahora le queda al regulador la ardua tarea de dotar de mayor claridad a lo que espera de los diferentes obligados, a efectos de generar una cultura de cumplimiento que colabore con el desarrollo de estos mercados.

Por último, recae sobre el sector privado la función de trabajar sobre sus procedimientos internos con el objeto de generar el ecosistema propicio para contrarrestar los riesgos que estas monedas como cualquier otra puedan llegar a acarrear. Y, a su vez, el comenzar a dialogar, apoyar e incorporar esta innovadora tecnología a sus modelos de negocio, para continuar colaborando con la tarea de modernizar la forma en que nos relacionamos e interactuamos económicamente, para volverla cada vez más inclusiva, democrática y eficiente.