El 1 de marzo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernandez afirmó que "el desarrollo del futuro será verde o no será". También, destacó la prioridad de la obra pública en 2021 y el Plan Argentina en ejecución (obras viales y de transporte, hídricas, de agua potable y saneamiento, de infraestructura social y turística, entre otras), como también nuevas iniciativas en el marco del Plan de Desarrollo Federal y nuevos proyectos de Ley para la movilidad sustentable.

En el mundo, a medida que la crisis del Covid-19 -con vacunación y cuidados - parece remitir gradualmente en algunos países, el foco de los gobiernos muda, de medidas rápidas para atender la emergencia sanitaria y económica, hacia cuantiosos paquetes de estímulo que permitan "Reconstruir Mejor" (o build back better), como es el caso de los aprobados en los Estados Unidos y en la Unión Europea.

Esencialmente, no se apunta sólo a impulsar una inmediata recuperación económica sino a salvaguardar la prosperidad y salud planetaria de más largo plazo, reduciendo la probabilidad de futuras crisis, sanitarias o ambientales (frecuentemente interrelacionadas), y aumentar nuestra resiliencia y preparación para enfrentarlas.

En síntesis, el objetivo principal del plan "Reconstruir Mejor" es la transición hacia sociedades más inclusivas, sustentables y resilientes, con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) y efectos positivos sobre la naturaleza o, al menos, que frenen la degradación ambiental y del capital natural. En todos estos paquetes de estímulo la inversión en infraestructuras sostenible (IS) tiene un lugar central.

La inversión en infraestructura sostenible (IS) no sólo es una base esencial para alcanzar las metas del Acuerdo de París sino que también es condición necesaria para cumplir los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Se estima que la infraestructura está directa o indirectamente conectada con el logro del 72% de los ODS.

El mundo necesita aumentar las inversiones en infraestructura sostenible para hacer frente a grandes déficits en los servicios de infraestructura en los mercados emergentes y los países en desarrollo; responder a los cambios estructurales en marcha -cambio climático, urbanización, digitalización -; y reemplazar infraestructuras contaminantes, obsoletas o ineficientes.

El New Climate Economy (2016) calculó que se requieren u$s 90 billones de inversión en infraestructura en el mundo entre 2015 y 2030, o u$s 6 billones anuales (siendo u$s 4 billones para el sur global).

La escala de inversión requerida, la centralidad de la infraestructura social, sanitaria , de agua, transporte y tecnológica en la respuesta a la pandemia, así como las vulnerabilidades globales expuestas (por ejemplo la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, agua potable y conectividad), y dado el breve plazo para frenar el cambio climático y la pérdida irreparable de biodiversidad, no podemos permitir equivocarnos y reproducir infraestructura contaminante o que degrade más nuestro capital natural. Por ejemplo, el mundo y nosotros deberíamos asumir un claro compromiso con inversión en infraestructura libre de deforestación.

América Latina, según la OECD (2019), es una de las regiones más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad y ecosistemas, y hospeda el 40% de la biodiversidad mundial, pero la tasa de deforestación en la región era tres veces mayor que el promedio mundial (Latinoamérica Sostenible 2020). Precisamente, la infraestructura tradicional ha sido un factor principal en la deforestación en el Amazonas y en la región.

En segundo lugar, a pesar de la gran importancia de la infraestructura sostenible, central en la agenda del G20 por su impacto en el crecimiento y la productividad, la mayoría de los países no puede cumplir con la cantidad y la calidad de la inversión necesaria. Por un lado, no obstante la liquidez mundial y la gran cantidad de ahorros disponibles, es un desafío movilizar financiamiento a largo plazo a costos razonables y atraer a la inversión privada, reduciendo los riesgos del ciclo del proyecto de infraestructura y alineándolo con políticas/estándares de sostenibilidad y resiliencia.

Por otro lado, dado las complejidades de la inversión en infraestructura (activo de largo plazo, externalidades positivas y negativas, impactos económico, ambiental y social, interconexiones) los gobiernos nacionales y locales, frecuentemente, tienen limitaciones institucionales en sus capacidades para planificar tempranamente y armar una cartera de proyectos bancables y sostenibles, así como para ejecutar procesos agiles y transparentes en su contratación y ejecución.

La Argentina no es, en este sentido, una excepción. Es imperativo que el país avance en la formulación de un plan de inversión en infraestructura sostenible, integrado en una estrategia de crecimiento y plan de desarrollo del país federal. Para ello deberán fortalecerse las capacidades institucionales, planificar tempranamente para asegurar sustentabilidad económica, ambiental y social, y atraer financiamiento de largo plazo e inversión privada, gestionando adecuadamente el riesgo de la inversión y la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación, monitoreo, y participación.

La evidencia es contundente y nos muestra que la sustentabilidad en la inversión en infraestructura es buena para los negocios y, al mismo tiempo, para la gente y el planeta. Esta divina coincidencia entre sustentabilidad y mayores beneficios para todos, incluso para la salud planetaria, es el fundamento mismo de la oportunidad para promover en la etapa post Covid-19 un mejor crecimiento, más inclusivo, y un desarrollo más sustentable.