La sola idea de que la justicia absuelva a Domingo Cavallo por la operación del Megacanje plantea una seria amenaza: que alguien crea que lo hecho por el artífice del desastre argentino (1982-2001) pudiera tener razonabilidad.
El Megacanje fue una operación ruinosa para el Estado Nacional, en tanto implicó por vía de las tasas de interés aceptadas, un aumento nominal del endeudamiento de cerca de u$s 55.000 millones. Lo que lo motivaba era que la deuda resultaba impagable para la disponibilidad de divisas de la Argentina y, operación mediante, seguía siendo impagable.
Pero además, el Megacanje comparte con el resto de las reestructuraciones de deuda hechas por la Argentina (tanto antes, Brady, como después, Lavagna-Kirchner-Boudou) una serie de irregularidades que serían materia de una Comisión de Investigaciones de la deuda pública. Ninguna de estas reestructuraciones cuestionaron la legitimidad y legalidad de las acreencias. Nunca se puso en discusión que el Ejecutivo gobernante sustituyó en las distintas negociaciones al Parlamento por mecanismos inconstitucionales. También, de manera inconstitucional, se aceptó la emisión de bonos de deuda que prorrogaban la jurisdicción y que posibilitaban que nos juzguen en el exterior.
Por último, en muchas reestructuraciones se permitió la capitalización de los intereses configurando el delito de "anastocismo".
Lo que intento señalar es que la absolución judicial no implica que la reestructuración sea legal, legítima y que le haya hecho bien al país. Solo indica que no se pudo probar el vínculo de Cavallo y sus funcionarios con los bancos que actuaron y cobraron comisiones. Es sabido el vínculo estrecho de Cavallo con David Mulford, ex secretario del Tesoro de los EE.UU. y banquero del Credit Suisse First Boston, quien le propuso a Cavallo la operación del Megacanje. Desde el punto de vista penal no se ha probado la relación personal y por lo tanto no se avanza en suponer que las tasas usurarias que Cavallo aceptó escondían algún tipo de ilícito o retorno.