En el cuerpo humano, la función más importante de las articulaciones es de constituir puntos de unión entre los componentes del esqueleto huesos, cartílagos y dientes, para facilitar los movimientos, proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo. En el cuerpo social, las articulaciones multisectoriales también tienen ese objetivo: unen ámbitos que suelen trabajar por separado, como el público y el privado, para sacarlos de sus compartimentos estancos y facilitarles un espacio de acción más grande y una potencia de impacto mayor.

A nadie se le escapa que esta articulación público/privada no es, en ningún lugar del mundo, algo que se da espontáneamente ni algo sencillo de lograr. Justamente las iniciativas supranacionales y multisectoriales como la del Pacto Global de Naciones Unidas tienen espacio a partir de esa falencia y en su concepción buscan la manera de revertirla, generando instancias de encuentro, de diálogo y de trabajo mancomunado.

Claramente Argentina no es ajena a esta realidad en la que se necesita más articulación público privada. Se trata de una falencia que creo que no pasa por la voluntad o el interés, sino por cuestiones que tienen que ver con la cultura, tanto gubernamental como de management corporativo, con la imposibilidad de conciliar intereses o prioridades y otros muchos factores, en el que la preeminencia de la visión de corto plazo por sobre la de largo plazo ocupa un lugar importante.

Sin lugar a dudas el camino es romper barreras y encontrar espacios de construcción colectiva. En el campo del empleo, y en relación a los temas de sustentabilidad propia de la Red del Pacto Global, cuestiones como la agenda del trabajo decente y la lucha contra el trabajo no registrado son temas en los que sólo se puede avanzar a partir de esfuerzos conjuntos.

Por otro lado, ese espacio de construcción conjunta es una herramienta clave, no sólo para que el Estado sea un promotor de las cuestiones relacionadas a la sustentabilidad corporativa de iniciativa voluntaria, sino para que sea un generador de incentivos efectivos para apoyarla a través de políticas y mecanismos legales, como por ejemplo el fomento de una mayor rendición de cuentas mediante la divulgación pública de las prácticas corporativas y cuestiones aún más críticas como la aplicación de principios de compras públicas responsables e inversión responsable y mejores prácticas para los fondos públicos.

En conclusión, el sector privado y el sector público tienen mucho por hacer en lo que se refiere al desarrollo sustentable. Claramente existe un amplio frente de acción en el que el trabajo conjunto traerá mayores resultados que los que podrían lograrse con el impulso individual de ambos.