El Presidente enfrenta en su viaje a Europa importantes desafíos. El conflicto entre las políticas alentadas por Europa y el Estados Unidos en materia de cambio climático y comercio internacional, plantea un dilema para el gobierno argentino.

La alineación con una u otra de estas visiones puede tener consecuencias para la economía argentina. Pueden cerrarse mercados o demorarse las inversiones que creen empleo. Operar en un contexto de disenso requerirá habilidades diplomáticas y creatividad.

Pero el Gobierno enfrenta también a otros desafíos en los que esos centros de poder operan con sólidos consensos. Uno de ellos es la persistente demanda que plantean en relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños, etc.).

Si bien los países hoy avanzados recién elevaron sus niveles de protección de esos derechos una vez que alcanzaron un alto nivel de desarrollo industrial, intensificaron desde la década de 1970 su accionar internacional para impedir que los países en desarrollo tuvieran también la posibilidad de adecuar gradualmente la protección de la propiedad intelectual a su capacidad tecnológica e industrial.

Una política correcta en materia de derechos de propiedad intelectual es indispensable para preservar y crear nuevos empleos y alentar inversiones productivas. La actual asimetría en la capacidad científico-tecnológica implica que es a través de esos derechos que las empresas de los países más avanzados puedan abastecer a terceros mercados mediante sus exportaciones, sin invertir, producir ni generar empleos en estos últimos.

En casos especialmente sensibles como el de los medicamentos, la normativa en materia de derechos de propiedad intelectual que se adopte en los países menos avanzados tecnológicamente, es lo que permite a aquellas empresas cargar precios monopólicos -altos por definición- a sus medicamentos exportados. Lo mismo puede ocurrir respecto otros bienes de consumo e insumos para la producción industrial o agropecuaria.

Defender el los intereses de Argentina en materia de propiedad intelectual es uno de los desafíos que probablemente enfrentará el Presidente en sus diálogos con los países desarrollados que integran el G-20. En particular, la Unión Europea pretende incluir en el acuerdo de libre comercio con el Mercosur un denso capítulo sobre propiedad intelectual que, de ser aceptado, erosionaría gravemente aquellos intereses a cambio, por cierto, de una oferta notablemente magra de apertura de sus mercados.

La Unión Europea puede, naturalmente, ser para la Argentina un socio importante en una etapa compleja de las relaciones internacionales. Pero el gobierno debe ser consistente en su defensa de los derechos humanos y las políticas que alientan la inversión y la creación de empleo productivo local.

Ello exige una posición firme respecto de las demandas de expansión de la protección de la propiedad intelectual. Respecto las cuales Argentina ya cumple adecuada y en algunos casos, sobradamente con sus obligaciones internacionales respecto de esa protección.

No hay espacio para un experimento que agravaría la situación fiscal del Estado, afectaría la recuperación económica y perjudicaría vastos sectores de la sociedad.