Millones de hogares en Colombia podrían recibir un alivio económico en sus facturas de gas natural luego de una decisión adoptada por el Gobierno Nacional. La medida busca corregir un ajuste aplicado en años anteriores que terminó elevando el costo del servicio para los usuarios. La orden fue emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entidad encargada de regular las tarifas del sector energético. Tras revisar el esquema tarifario, el organismo determinó que se deben devolver más de 150.000 millones de pesos cobrados en exceso a los consumidores. Según explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la decisión busca proteger el bolsillo de los ciudadanos y garantizar que las tarifas reflejen condiciones justas y transparentes para los usuarios del servicio. El origen de la medida se remonta a 2023, cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó mediante una resolución el aumento de la tasa de descuento del costo de capital, conocida como WACC, utilizada para calcular el componente de transporte en las tarifas de gas natural. Con ese ajuste, la tasa pasó de 10,94 % a 11,88 %, lo que permitió a las empresas transportadoras incrementar los costos asociados al transporte del gas. Este aumento terminó reflejándose en las facturas que pagan los usuarios finales en diferentes regiones del país. Posteriormente, distribuidores de gas natural presentaron recursos para que se revisara la decisión y se mantuviera la tasa anterior mientras se definían los nuevos cargos tarifarios, con el objetivo de evitar impactos mayores en el bolsillo de los hogares y comercios. Tras analizar los recursos presentados, la CREG decidió reducir nuevamente la tasa WACC y ordenar la devolución de los montos cobrados en exceso desde 2023 hasta la actualidad. La medida contempla que más de 150.000 millones de pesos regresen a los ciudadanos a través de ajustes o descuentos en las facturas del servicio de gas natural. En los próximos días se definirán los mecanismos específicos y el cronograma que deberán seguir las empresas para efectuar la devolución. El Gobierno señaló que la regulación energética debe priorizar el interés general y garantizar que los usuarios no asuman costos que no corresponden a condiciones tarifarias justas. Tras conocerse la medida, varias compañías del sector energético expresaron su desacuerdo con la decisión. Entre ellas se encuentran Transportadora de Gas Internacional y Promigas. Las empresas señalaron en un comunicado que han aplicado la regulación vigente de forma transparente y que, según su interpretación, no se habrían generado sobrecostos que deban ser devueltos a los usuarios. Asimismo, indicaron que hasta el momento no han sido notificadas formalmente de una decisión administrativa que ordene la devolución de los recursos y que, una vez se conozcan los actos oficiales, analizarán su contenido para definir si acuden a instancias judiciales.