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La publicación del proyecto de decreto por parte del Ministerio de Hacienda desató una fuerte polémica entre aseguradoras, fondos privados y usuarios del sistema pensional. Aunque Colpensiones aclaró que la norma no impacta al Régimen de Prima Media (RPM) ni la forma en que la entidad paga las pensiones, el efecto no sería el mismo para quienes están afiliados a los fondos privados del Régimen de Ahorro Individual (RAIS), donde se concentran las mayores preocupaciones del sector.
El documento oficial propone ajustes a las reglas de la cobertura por deslizamiento del salario mínimo aplicada a las rentas vitalicias del RAIS, un mecanismo que garantiza que la mesada pensional aumente cada año en la misma proporción que el salario mínimo. Esta cobertura incluye un respaldo estatal cuando esos incrementos superan las proyecciones iniciales con las que se calculan las pensiones, evitando así que las aseguradoras asuman pérdidas extraordinarias por esos desbordes en los ajustes.
El decreto redefine la forma en que opera dicha cobertura, establece quién debe asumir los riesgos financieros y bajo qué criterios se calcula el deslizamiento salarial. Gremios como Asofondos y Fasecolda advirtieron que estos cambios podrían modificar un mecanismo clave para el funcionamiento de las rentas vitalicias, lo que, según alertan, podría dificultar el acceso a la jubilación en el sistema privado y afectar el valor final de las mesadas que reciben los pensionados.
El impacto directo sobre aseguradoras y fondos privados
El proyecto de decreto está enfocado exclusivamente en los actores que operan dentro del RAIS: las aseguradoras que comercializan rentas vitalicias y los fondos privados que gestionan y trasladan los ahorros de los afiliados para contratar estos productos, según informó El País.
Para ambos sectores, el cambio en las reglas de la cobertura alteraría la manera en que se reparten los riesgos asociados a los incrementos del salario mínimo y a la sostenibilidad de las mesadas a largo plazo.
Asofondos y Fasecolda afirman que, tal como está planteado el borrador, se desestabiliza el esquema que respalda la viabilidad financiera de las rentas vitalicias, ya que el seguro previsional -pieza central del sistema- quedaría comprometido. Esto, subrayan, afectaría no solo a las entidades que asumen esos pagos, sino también a los afiliados que dependen de esa protección para garantizar ingresos estables durante la vejez.
El efecto sobre los afiliados que buscan pensionarse
Los gremios advierten que el nuevo esquema implicaría mayores exigencias de ahorro para quienes desean jubilarse bajo la modalidad de renta vitalicia. Según sus cálculos, los cotizantes tendrían que destinar alrededor de un 30% más de aportes para alcanzar una pensión, un esfuerzo adicional que reduciría el número de personas capaces de cumplir los requisitos necesarios para retirarse.
Además, alertan que este aumento en las exigencias impactaría el monto final de las mesadas: menos afiliados lograrían pensionarse y, entre quienes lo consigan, muchos recibirían pagos más bajos. El efecto no solo se sentiría en las nuevas jubilaciones, sino también en la percepción de estabilidad del sistema privado, que perdería atractivo ante el incremento de barreras para acceder al beneficio.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, agregó que el proyecto comprometerá la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia: “Estarían comprometidas porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable, afectando el acceso a las pensiones de cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro individual”.
El riesgo fiscal advertido por los gremios
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que, si el decreto vuelve inviable el aseguramiento previsional, la Nación tendría que asumir directamente el pago de pensiones por invalidez y sobrevivencia que actualmente cubre el sector asegurador. Esto trasladaría una carga financiera significativa al Estado, que pasaría a responder por miles de obligaciones no previstas.
Según Velasco, este escenario generaría una presión fiscal estimada en una obligación promedio de $2 billones durante los primeros 10 años. A su juicio, aunque la medida podría representar un alivio de corto plazo para las cuentas públicas, también implicaría un compromiso financiero mucho mayor en el mediano plazo, con recursos que podrían destinarse a programas sociales u otras prioridades presupuestales.