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Cada vez más hogares residen en alquiler en Colombia, afrontando condiciones que en muchos casos los sitúan en una posición vulnerable frente a los dueños de los inmuebles. Las exigencias elevadas y los cargos extra suelen provocar confusión y conflictos, especialmente entre quienes no conocen a fondo sus derechos.
En ese escenario, entra en vigencia la Ley 820 de 2003, que reglamenta los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y ampara tanto a inquilinos como a arrendadores. Conocer esta norma permite hacer frente a cobros injustificados y asegurar que los acuerdos se respeten de forma equitativa y transparente.
¿Qué depósito ya no está obligado a pagar un inquilino?
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 820 de 2003, está prohibido solicitar depósitos en dinero en efectivo o garantías reales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario. Esta disposición exime al inquilino de realizar desembolsos adicionales al momento de firmar el contrato o durante el inicio de la ocupación.
La norma también indica que dichas garantías no pueden imponerse de forma encubierta, mediante intermediarios o a través de documentos distintos al contrato de arrendamiento. De esta manera, se garantiza que cualquier cobro extra que no figure en el contrato sea ilegal y, por lo tanto, no exigible.
Arrendamientos directos: beneficios y riesgos
Numerosos contratos se celebran de manera directa entre el dueño del inmueble y el inquilino, sin la intervención de abogados o inmobiliarias. Esto suele agilizar los trámites, pero también deja a ambas partes expuestas a eventuales conflictos legales, sobre todo cuando se incluyen cobros que no están permitidos.
Es frecuente que algunos propietarios busquen imponer exigencias elevadas o cláusulas por fuera del marco legal. Por ello, resulta fundamental que los inquilinos conozcan la Ley 820 y estén en condiciones de hacer valer sus derechos, evitando aceptar acuerdos desventajosos o contrarios a la ley.
Aspectos clave a tener en cuenta al arrendar
Tanto propietarios como inquilinos deben revisar con atención el contrato y verificar que todas las cláusulas sean legales, comprensibles y estén debidamente especificadas. Evitar cobros o depósitos adicionales resulta fundamental para garantizar un arriendo equitativo.
Asimismo, los contratos deben dejar claramente establecidos los valores del canon, los servicios y las responsabilidades de mantenimiento, sin incluir condiciones contrarias a la ley. Esto permite asegurar una relación de arrendamiento transparente y confiable para ambas partes.