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La reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta uno de sus momentos más críticos. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, pidió declarar inexequible la Ley 2381 de 2024, que establecía el nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.
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El alto funcionario sostiene que la norma presenta vicios de procedimiento durante su trámite en el Congreso de la República, los cuales no fueron corregidos a pesar de que el tribunal había devuelto el proyecto previamente. En consecuencia, la Corte podría tumbar la reforma insignia del Ejecutivo en materia de pensiones.
Corte Constitucional pide anular la ley por vicios en su trámite
Según el magistrado Ibáñez, el Congreso no subsanó los errores durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, lo que constituye una irregularidad que afecta la validez de la ley. Su ponencia propone declarar inexequible la reforma pensional aprobada el 16 de julio de 2024, al considerar que persistieron los defectos en la formación del texto legislativo.
Sin embargo, el debate se ha intensificado luego de que la Corte recibiera una recusación en contra de Ibáñez. El recurso alega una posible falta de independencia, argumentando que el magistrado fue ternado por el Consejo de Estado, de tendencia conservadora, en un contexto político de oposición al actual Gobierno. Esta solicitud deberá ser evaluada por la corporación antes de continuar con el análisis del caso.
Qué proponía la ley de pensiones impulsada por el Gobierno
La Ley 2381 de 2024 planteaba un modelo mixto entre el régimen público y el privado. Según el texto aprobado, los trabajadores con ingresos iguales o inferiores a 2,3 salarios mínimos realizarían sus aportes a Colpensiones, mientras que aquellos que ganaran más destinarían el excedente al fondo privado denominado Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).
El objetivo central era garantizar la sostenibilidad del sistema y ampliar la cobertura, priorizando a los adultos mayores sin ingresos, contemplando un subsidio solidario y nuevas herramientas para fortalecer la pensión mínima. Sin embargo, su validez ahora depende del fallo final de la Corte Constitucional.
Qué beneficios siguen vigentes para los trabajadores colombianos
Pese a la incertidumbre sobre la reforma, existen beneficios vigentes para los trabajadores, como el reconocimiento del servicio militar obligatorio dentro de las semanas cotizadas para la pensión. Este derecho, establecido por la Ley 1861 de 2017, permite sumar entre 12 y 18 meses al historial laboral según el tipo de servicio prestado.
El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo Jassir, confirmó que este beneficio continuará siendo válido incluso si la reforma de Petro es anulada. Los interesados deben solicitar la inclusión del tiempo de servicio militar ante su fondo de pensiones, tanto público como privado.
