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La legislación referente a la vivienda urbana en Colombia establece un principio fundamental que muchos arrendatarios ignoran: el canon de arrendamiento no puede ser modificado en más de una ocasión al año, sino únicamente una vez cada doce meses de vigencia del contrato.

Este aspecto invalida cualquier intento de aumento trimestral o semestral, ya sea a través de cláusulas contractuales abusivas o por presiones informales ejercidas por el propietario.

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Ley 820 de 2003: claves esenciales sobre aumentos del canon

El artículo 20 de la Ley 820 establece que, transcurrido un periodo de doce meses bajo el mismo precio, el arrendador tiene la facultad de implementar un ajuste que no supere la variación del IPC del año anterior. No se contempla autorización legal para incrementos más frecuentes ni para aumentos que excedan dicho límite.

La normativa de arrendamiento en Colombia prohíbe ajustes frecuentes en el canon de alquiler. (foto: archivo).

Impacto del límite legal en inquilinos y propietarios

Para los propietarios, el marco legal define un escenario de seguridad jurídica: saben con claridad cuándo pueden aumentar el canon y cuál es el tope máximo permitido. Esto facilita la planeación de ingresos y evita conflictos por incrementos indebidos.

Sin embargo, el arrendador es responsable de notificar correctamente el ajuste. Si no lo hace, el inquilino puede exigir que se mantenga el canon anterior o iniciar un proceso de reclamación cuando el aumento incumple la ley o no fue comunicado.

Para los inquilinos, la regla de ajuste anual proporciona previsibilidad financiera: elimina intentos de aumentos fuera de la ley y permite planear los gastos de vivienda sin cambios repentinos.

Además, en la negociación de renovación del contrato pueden acordar un aumento menor que el IPC, lo que suele ocurrir cuando la oferta de vivienda es amplia o el arrendador quiere asegurar continuidad.

La normativa de vivienda urbana en Colombia y el ajuste del canon de arrendamiento (foto: archivo).

Alternativas del inquilino ante un aumento injusto

En caso de que el arrendatario se vea afectado por un incremento del canon que supere el IPC o que se presente con una frecuencia superior a la de doce meses, tiene el derecho a:

  • Revisar si la cláusula contractual contradice el artículo 20 de la Ley 820.
  • Exigir la notificación formal del aumento.
  • Solicitar que se mantenga el canon anterior cuando la notificación no cumple los requisitos legales.
  • Acudir a la Superintendencia de Notariado y Registro o a un juez civil para reclamar ajustes ilegales.
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